"Es preocupante lo ocurrido en el penal de Las Cruces, donde perdieron la vida 28 personas en una riña (con armas blancas); muestra la urgencia de hacer frente a la crisis de la situación carcelaria en el país", dijo la coordinadora de Incidencia de AI en México.
Organismos nacionales y extranjeros, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNH, ombudsman federal) y la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), "han establecido en investigaciones, informes y recomendaciones los riesgos en el sistema por la sobrepoblación", dijo Colorado.
La experta citó un estudio de la CNDH que señaló en mayo de este año "la incapacidad de las autoridades para encarar la sobrepoblación, el hacinamiento, el llamado autogobierno o cogobierno, la falta de prevención y atención de incidentes violentos".
El sistema carcelario mexicano ha sido rebasado, pues "su capacidad es para albergar 212.000 reos en los 375 centros de reclusión, pero la población carcelaria actual es de 216.680", de acuerdo con datos oficiales de enero de este año, lamentó.
"Es una obligación del Estado el respeto de los derechos humanos y el derecho a la vida y a su integridad de la población carcelaria", dijo la experta de AI, con sede en Londres.
Colorado lamentó las escenas en el penal para informar a los familiares, cuando las autoridades leyeron la lista de muertos en una asamblea pública, causando conmoción colectiva e indignación.
Amnistía hizo un llamado a las autoridades "para que proporcione, no solamente información fidedigna, sino también con un trato digno a las víctimas y a sus familiares".
"Observamos indolencia de las autoridades, que redunda en la reducción de los derechos de las personas privadas de la libertad", puntualizó.
Diagnóstico ignorado
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2016 elaborado por la CNDH reveló en mayo que las cárceles municipales fueron las que más baja calificación obtuvieron con 3,9 puntos en promedio en una escala de diez.
Los Centros de Readaptación Social, estatales, para reos del fuero común, fueron calificados con 6,27 en promedio.
El diagnóstico evaluó en visitas in situ 131 cárceles estatales, 42 municipales, 19 centros federales y tres prisiones militares, de los 392 centros de detención existentes en todo México.
En las cárceles mexicanas predominan anomalías como deficiente separación entre procesados y sentenciados; y deplorables condiciones materiales, equipamiento e higiene en áreas de dormitorios.
Diagnóstico de la CIDH
La CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó un balance de 2016 sobre con cinco fallas principales del sistema de cárceles en México: sobrepoblación, hacinamiento, corrupción y autogobierno, aislamiento y falta de trato diferenciado para las mujeres.
La medida de sobrepoblación indica que, en 200 de las 388 cárceles, "prolongados regímenes de aislamiento y falta de atención diferenciada son algunas de las problemáticas identificadas".
Además, un 42% de las personas privadas de su libertad "se encuentra en prisión preventiva", por falta de procesos ágiles, señala la Comisión.
El aislamiento es, además, "uno de los castigos más comunes en el que se lleva a los internos a celdas pequeñas y en condiciones deplorables, hasta por meses, con restricción de visitas y llamadas con sus familiares".
Las cárceles, además, se han "privatizado", pues desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado.
Finalmente, la CIDH señala la "falta de atención diferenciada" para las mujeres encarceladas: organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que aproximadamente 60 por ciento de la población femenina se encuentra en centros de reclusión masculinos.
