"En octubre será citada de nuevo la provincia", informó este viernes el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, durante la última jornada del 163 período de sesiones de la CIDH, celebrado en la capital de Perú.
Para entonces, la CIDH examinará "las medidas concretas que se están tomando para reducir el uso de comisarías como prisión", uno de los problemas denunciados por tres organizaciones civiles argentina que pidieron esta audiencia pública al organismo.
"Me encantaría (para octubre) poder documentar avances, la reducción del uso de la prisión preventiva y el uso específico de las comisarías", señaló Cavallaro, uno de los comisionados de la CIDH y expresidente del organismo.
El relator intervino tras escuchar, por un lado, las denuncias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria y de la Defensoría Pública de Casación, y por otro, las justificaciones de los representantes del Estado argentino.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, confirmó que "ni la construcción de cárceles ni el incremento de la prisión efectiva soluciona el hacinamiento" detectado en los centros de detención de la provincia de Buenos Aires.
El relator José de Jesús Orozco, por su parte, pidió al Estado argentino que profundice medidas alternativas, y que tenga en cuenta algún aspecto que incluya la perspectiva de género.
La comisionada Margarette May Macaulay, primera vicepresidenta de la CIDH, lamentó los hechos retratados en un video y varias imágenes que mostraron las organizaciones civiles para dar cuenta del estado vulnerable en que se encuentran los detenidos en Buenos Aires.
"Es muy perturbador", señaló.
Deben aprobarse normas para que los jueces "no manden a tanta gente a la cárcel en caso de delitos primarios", ya que "no se debe encarcelar a personas no peligrosas con peligrosas", por ser deshumanizante, observó.
Denuncias y alegatos
Desde 2008 se han producido 1.100 muertes en comisarías y unidades penitenciarias, denunció la CPM, lo que arroja 130 fallecimientos por año.
Cada vez son más recurrentes los casos de tortura sistemática, añadió la CPM.
El defensor de Casación, Mario Coriolano, afirmó que en la provincia "hay una crisis humanitaria".
"Una serie de reformas desde 2008 han restringido las medidas de libertad anticipada y las excarcelaciones", sostuvo.
El Congreso sancionó esta semana una reforma a la ley de ejecución de la pena "que tendrá impacto altísimo en cantidad de detenidos", afirmó el defensor.
Lo más grave, puntualizó Coriolano, es la ausencia de un plan integral del Gobierno de Mauricio Macri "para contrarrestar la situación de hacinamiento".
En los últimos seis años, aumentó en 51% la tasa de encarcelamiento, y también creció en un 55 por ciento el ritmo de detenciones preventivas.
Entre junio de 2016 y 2017, "ingresaron al sistema penitenciario 4.000 personas, un récord absoluto", especificó la integrante del CELS.
Pero el sistema penitenciario no puede absorber el incremento de reclusos por falta de presupuesto, lo que agrava el hacinamiento, observó.
En defensa de las políticas aplicadas por el Estado, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia de la gobernación provincial, Fernando Manzanares, reconoció una emergencia en materia de salud penitenciaria, pero aseguró que ha amentado la inversión en infraestructura en el sistema sanitario y educativo, y se crearon 2.000 plazas nuevas para 2018.
"Sé que no alcanza, pero es el comienzo de reversión en un ciclo, estamos hablando de años y años de desinversión en la materia", concluyó.
Buenos Aires, la provincia más rica y poblada de Argentina, está gobernada por María Eugenia Vidal, del partido del presidente Macri.
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El 7 de julio concluye el 163 periodo de sesiones de la CIDH que se lleva a cabo en la capital peruana.
