Las fechas para consumar el proceso de extradición del político acusado por lavado de dinero son estimadas "conforme a los términos y plazos dispuestos por el acuerdo bilateral México-Guatemala", dijo el funcionario en entrevista con el noticiario mexicano Excélsior Televisión.
La fiscalía federal mexicana y las autoridades judiciales guatemaltecas tratan de "evitar cualquier violación al debido proceso, debemos de revisar los términos, los plazos que se tienen del tratado bilateral México-Guatemala y en el momento de que estemos ciertos de que se han cumplido los plazos", dijo Beltrán.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala entregó la víspera a la embajada de México en ese país centroamericano, la notificación de la Corte Suprema de Justicia de la resolución emitida por dos tribunales de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
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Esos documentos judiciales confirman que Duarte "admitió el allanamiento a la solicitud de extradición del señor Javier Duarte de Ochoa y que se encuentra firme, no existiendo recurso jurídico alguno en contra de dicha resolución", informó la PGR la noche del jueves en un comunicado.
A partir de la notificación diplomática, comenzó a correr el plazo de 60 días naturales establecido en el tratado de extradición bilateral para que se concrete la extradición.
La PGR coordinará el operativo para su entrega en extradición, "velando en todo momento por los derechos humanos y la seguridad del reclamado".
El fiscal guatemalteco José Galdámez dijo en la última vista pública que el castigo por los delitos imputados al político que llegó al cargo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante), podría ser una condena de hasta 40 años de cárcel por delincuencia organizada y otros 15 años por lavado de dinero.
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Supuestos cómplices de Duarte han declarado a la justicia mexicana que desviaron fondos públicos para crear "empresas fantasma", que intentaron ocultar como ganancias legales, comprando propiedades con sobreprecio.
