"Sí, sí hemos recibido amenazas de muerte por distintas vías, en especial en nuestra residencia y nuestra familia", dijo Ferrer, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien se negó a dar más detalles sobre esos mensajes.
Ferrer sostuvo, sin embargo, que él, Ortega y sus familiares son objeto de amedrentamientos de personas que, presume, pertenecen al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
"Es una situación difícil, frente a nuestra residencia se estacionan vehículos rotulados como taxis, de los asignados por el Gobierno (marca Chery, modelo Orinoco), con los vidrios totalmente oscuros, y nos siguen", añadió.
Las personas que van a bordo de esos vehículos que se han detenido a tomar fotos a los familiares de la fiscal y sus viviendas, "los que lo han hecho van vestidos normal, como civiles", añadió.
La fiscal general Ortega, considerada cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), comenzó a ser objeto de críticas por parte del oficialismo el pasado 31 de marzo, cuando aseguró que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) representaban una ruptura del orden democrático y una violación a la Constitución.
En esas decisiones el máximo tribunal limitaba la inmunidad parlamentaria y se arrogaba funciones del parlamento, por considerarlo en desacato a sus sentencias.
Tras esas sentencias, la oposición inició una serie de manifestaciones contra el Poder Judicial, lo cual generó un escenario de choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad y hasta el momento se reportan 91 muertos y más de 1.400 heridos.
Al respecto, la fiscal denunció violaciones a los derechos humanos de los manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad y contradijo algunas versiones de altos funcionarios de Estado sobre la muerte de un joven que falleció tras ser impactado en el tórax por una bomba de gas lacrimógeno.
La fiscal sostiene que se debió consultar mediante referendo a la ciudadanía si deseaba o no redactar una nueva Constitución.
Además, la jefa del Ministerio Público introdujo varios recursos contra la Constituyente, el Consejo Nacional Electoral y los magistrados del TSJ, y por esta última acción le abrieron un antejuicio de mérito por falta grave en el ejercicio de sus funciones.
La solicitud, que permite levantarle la inmunidad que reviste a los altos cargos en Venezuela, está en proceso y será dada a conocer en los próximos tres días.
En una audiencia esta semana a la que no acudió la fiscal, se la acusó con documentos de mentir acerca del proceso de selección de los magistrados, el cual Ortega asegura no haber aprobado, contrariando las afirmaciones del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y del contralor general, Manuel Galindo, quienes testificaron contra ella.
En este escenario, Ortega solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección para ella y demás funcionarios del Ministerio Público.
