"Por un lado, la titular del Ministerio Público (Luisa Ortega) desconoce la majestad del TSJ, ofende a todas sus salas, pero, por el otro, fiscales del Ministerio Público concurren, presentan escritos, algunos de nulidad, recursos de casación, entre otros", dijo Saab.
Así pues, la fiscal otorga "legitimidad y aval a esa máxima instancia judicial", argumentó.
De esta forma, el defensor del Pueblo se alineó contra la fiscal general en una puja que esta sostiene contra el TSJ y el Gobierno de Nicolás Maduro.
Saab observó que si la fiscal conocía irregularidades en el proceso de selección de los 33 magistrados del TSJ designados en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral entonces de mayoría oficialista), debió solicitar alguna medida de nulidad entre 2016 e inicios de 2017.
Además, Saab acusó a Ortega de presentar demanda de nulidad contra la elección de los magistrados del TSJ, utilizando para ello "falsos testimonios, inspirados en la calumnia y la injuria a sus colegas del Consejo Moral Republicano", que conforman los titulares del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General.
A juicio del defensor, el objeto de estas acciones es causar un daño "irreparable" a los funcionarios, quebrantar la paz ciudadana y hollar la reputación internacional de Venezuela.
Saab fue incluso más lejos y pidió que la fiscal sea sometida a la prueba de la verdad, o polígrafo, para determinar si miente al afirmar que jamás avaló la elección de los magistrados en una reunión con sus pares del Consejo Moral.
El defensor del Pueblo acusó también a la exsecretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, actualmente fuera del país, de confabularse con la fiscal para hurtar documentos e intentar alterar un libro de actas de ese organismo con la intención de evitar que la verdad se conociera.
Entre los asistentes convocados estuvieron el solicitante del antejuicio, el diputado oficialista Pedro Carreño, Saab y el contralor general, Manuel Galindo.
Ortega no se presentó a la audiencia que calificó como "un circo" cuya resolución "está cantada".
Carreño solicitó el antejuicio a Ortega basándose en una sentencia del TSJ que desestimó la impugnación presentada contra los magistrados por la fiscal general el 12 de junio.
La semana pasada el TSJ le prohibió a Ortega salir del país y congeló sus cuentas bancarias.
La fiscal, considerada cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y al proceso revolucionario que este inició, se convirtió en una figura polémica para el oficialismo en los últimos meses.
Por su parte, el Gobierno acusa a Ortega de traicionar el proceso revolucionario iniciado por Chávez y asegura que sus acciones están relacionadas con el interés de postularse como candidata presidencial.
En cuanto a las faltas cometidas por los cuerpos de seguridad, Maduro y sus ministros sostienen que se trata de acciones aisladas y que los responsables serán sometidos a la justicia.
