Más de la mitad los consultados por Cadem dijeron confiar en la vía política, "donde el Gobierno abra canales de negociación y diálogo", mientras que el 24% opinaron que hay que activar la opción judicial con la aplicación de la denominada Ley Antiterrorista.
La Ley Antiterrorista, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y fue reformada en 2011, tiene por objeto tipificar conductas o "delitos terroristas", para los que establece penas más graves que en los casos de delitos comunes.
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El uso de la norma en contra de las comunidades mapuche del sur de Chile ha sido criticado y tildado de "discriminatorio" por parlamentarios de izquierda y organizaciones de la sociedad civil.
Principalmente en la región de La Araucanía, este pueblo originario se manifiesta para exigir al Estado la restitución de sus tierras que les fueron quitadas y entregadas a latifundistas, empresarios forestales y agricultores, que ahora las poseen y las explotan.
Los mapuches denuncian una constante represión policial indiscriminada en la zona, que ha cobrado la vida de varios de ellos y ha causado enfrentamientos con fuerzas de seguridad y representantes del gremio forestal.
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Diversos organismos internacionales han llamado la atención al Estado de Chile por la violencia que se vive en las regiones del sur del país y por los vejámenes sufridos por los miembros de las comunidades mapuche que allí habitan.
