"Los números son alarmantes puesto que cada semana se registran al menos 240 embarazos de niñas menores de 14 años, el 30 por ciento corresponden a padres mayores de 30 años, estamos hablando del delito de estupro", dijo a esta agencia la adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado.
Núñez del Prado explicó que pese a la aprobación de leyes que protegen los derechos de las mujeres, aún faltan normas complementarias para empoderarlas acerca de sus derechos sexuales y reproductivos.
De 800 denuncias de violencia sexual que se registraron en los primeros cuatro meses de 2017, solo uno por ciento llegó a instancias judiciales, según datos de la Defensoría del Pueblo.
"Muchos hechos de violencia sexual son motivo de transacción económica o, en la generalidad de los casos, las niñas son obligadas por sus familias a casarse o convivir con la persona que ha violentado su propio cuerpo", declaró la autoridad.
Ascenso de la violencia
La directora de la Casa de la Mujer de Santa Cruz, Miriam Suárez, manifestó a Sputnik su preocupación por los crecientes índices de violencia, ya que en el primer trimestre de este año murieron 33 mujeres asesinadas.
"Las estadísticas están hablando que diariamente se registran entre cinco y siete denuncias de violaciones sexuales en el país, la mayoría a niñas, lo que muestra que la mentalidad patriarcal se ha convertido en una carga negativa que está presente en todos los niveles de la sociedad", afirmó Suárez.
Suárez advirtió que los grados de violencia contra las mujeres han excedido la capacidad del propio Estado y, pese a las leyes vigentes, existe un "pacto de complicidad entre abogados, fiscales y jueces" que termina victimizando a las agredidas.
"La violencia contra la mujer es un problema estructural y su erradicación tiene que convocar a la participación de la sociedad civil, no es un problema exclusivo del Estado o de las mujeres", sostuvo Suárez.
La representante de la Defensoría del Pueblo y la directora de la Casa de la Mujer coincidieron en la necesidad de empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos e impulsar un modelo educativo que permita superar la discriminación y el machismo.
