"En audiencias preliminares ante el Juzgado 4 Penal de garantías de Bogotá, el soldado Mauricio Puniche Delgadillo, así como los mayores José Simón Baquero Ramos y Carlos Alberto Rodríguez Mora negaron ser los responsables de los delitos de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas y desaparición forzada que les imputó la Fiscalía", señaló el organismo en un comunicado.
Los hechos se registraron entre los años 2008 y 2009 en el municipio colombiano de Soacha (centro), a donde varios hombres llegaron para ofrecer empleo a jóvenes en la ciudad de Ocaña (norte) con promesas engañosas de un mejor futuro laboral con pagos diarios y en efectivo.
"Días después de haber sido reclutados fueron llevados a Ocaña, donde posteriormente fueron ultimados en un paraje cercano para hacerlos pasar como muertos en combate, como si fueran guerrilleros", señaló la Fiscalía, que destacó que entre las víctimas se encontraba un menor de edad de 16 años.
La Fiscalía sostuvo que "son unos 653 kilómetros de distancia entre Soacha y Ocaña y que estos sujetos adscritos al Ejército no tenían fundamento operacional o fundamento misional del Estado para quitarle la vida a estos muchachos, ni en modo, lugar, tiempo o en circunstancias del conflicto".
La medida de aseguramiento contra los militares se dio luego de que estos buscaron someterse a la Ley 1820 de 2016 —creada con ocasión del Proceso de Paz en Colombia- para obtener beneficios en el monto de la pena.
Ante ese recurso, la Fiscalía recalcó que los hechos "no están enmarcados en el contexto del conflicto armado y que, por el contrario, se trató de homicidio contra personas inermes e indefensas que vivían lejos del lugar donde se registraba el enfrentamiento con grupos armados ilegales".
Además, las víctimas "fueron entregadas a uniformados en varios retenes militares adscritos a la Brigada Móvil 15, acantonada en Ocaña y fueron reportados como muertos en combate como narcoterroristas".
Los militares procesados supuestamente conformaban una organización criminal que despojaba de sus documentos a jóvenes de Soacha para luego ponerlos en manos de otros militares, quienes los asesinaban y les colocaban armas en sus cuerpos con el fin de reportarlos como "combates exitosos".
Los "falsos positivos" se relacionan en Colombia con el asesinato de miles de civiles por parte de militares durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) y que luego fueron presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate, por lo cual los miembros de las Fuerzas Armadas recibieron ascensos, distinciones y premios como "reconocimiento" a su labor de contraguerrilla.
