"A medida que pasa el tiempo urge la necesidad de esclarecer los hechos, porque si no se devela lo que ha ocurrido, el país y el pueblo no tiene recuperada su historia y podría volver a ocurrir lo que pasó en las dictaduras", dijo el miércoles a Sputnik la activista Nila Heredia, integrante de esa asociación.
En su opinión, la conformación de la Comisión de la Verdad, aprobada mediante una ley promulgada en diciembre de 2016, permitirá esclarecer lo ocurrido durante las dictaduras y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos.
Heredia explicó que hasta ahora no se investigó lo que ocurrió en la dictadura de Banzer y aseguró que quienes cometieron crímenes siguen impunes.
"El caso boliviano es muy grave, porque no hay ni juicio a Banzer ni a ninguno de los dictadores por delitos de lesa humanidad", añadió la defensora de los derechos humanos.
En el caso del juicio contra los militares Luis García Meza y Luis Arce Gómez, que protagonizaron el golpe de estado del 17 de julio de 1980 en Bolivia, se incluyeron delitos comunes como la explotación ilegal de piedras preciosas de La Gaiba (departamento de Santa Cruz, este) y la venta del Diario del Che, además de otros relacionados con el tráfico de drogas.
"El único caso de derechos humanos que se incluyó en el juicio a García Meza fue la masacre de la calle Harrington (en La Paz) en 15 de enero de 1981, donde fueron asesinados ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, pero hay otros asesinatos y desapariciones de al menos 20 personas", señaló Heredia.
En 1976 el esposo de Heredia, Luis Stamponi, desapareció tras ser detenido en la dictadura de Banzer y entregado a las autoridades argentinas en la población fronteriza de la Quiaca (norte) el 15 de octubre de ese año.
El juicio para castigar a los responsables de la desaparición de Stamponi nunca se produjo.
"¿Dónde reclamamos?", se preguntó Heredia, quien insistió en exigir que en Bolivia, como en otros países de América Latina, se instaure un juicio contra los militares que actuaron en el Plan Cóndor.
El miércoles, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desparecido, ASOFAMD recibió la visita del argentino Jorge Ithurburu, presidente de la asociación italiana 24 de Marzo, que sigue las causas de derechos humanos y ha proporcionado asistencia legal gratuita a familiares de las víctimas del Plan Cóndor.
"Tenemos problemas con muchos gobiernos, como es el caso de Uruguay, donde no toda la documentación es accesible para todos" y pese a que ese país acumula ya "muchos años de gobiernos democráticos, aún no logramos tener acceso a muchos archivos militares", declaró Ithurburu en conferencia de prensa.
También visitaron la asociación los abogados italianos Arturo Salerni y Mario Angelelli, que defienden a varias familias de Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia.
El Plan Cóndor fue la coordinación represiva de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.
