"Los dos organismos condenan todo acto de violencia y urgen a los manifestantes a ejercer sus derechos a la libre protesta en forma pacífica, al tiempo que reafirman que la actuación de las fuerzas de seguridad debe respetar en todo momento las normas internacionales de derechos humanos", expresaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
"Instamos al Estado brasileño a redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y proteger el derecho a la manifestación pacífica", dijo el representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, según recoge la nota oficial.
La manifestación pacífica, agregó, es una forma de participación "propia de las sociedades democráticas, donde las personas pueden exigir sus derechos humanos y ejercer activamente sus derechos a la libertad de opinión y de expresión".
También apuntan que "en respuesta a estas protestas" el Gobierno emitió un decreto para autorizar el empleo de las Fuerzas Armadas.
Otros contextos
Tanto el ACNUDH como la CIDH también expresaron su "profunda preocupación" por el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado brasileño en operaciones tanto en el marco del conflicto de tierras como en el contexto de la remoción urbana de dependientes químicos usuarios de drogas ilícitas.
También mencionaron la acción policial ordenada por el alcalde de São Paulo, João Doria, en la región de la ciudad conocida como "Cracolândia", un punto habitual de concentración de usuarios de "crack" y otras drogas.
"Según la información recibida, el operativo habría incluido el derrumbe de un edificio que estaba ocupado, el desalojo de residentes y comerciantes y el uso de bombas de gas y balas de goma contra los residentes de Cracolândia", señala el comunicado.
Por ello, la CIDH y el ACNUDH urgieron al Estado a adoptar mecanismos para garantizar "el estricto apego a los principios generales de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social", resaltaron.
"No deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas", aclararon.
La oficina del ACNUDH para América del Sur se encuentra en Santiago de Chile y cubre Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
La CIDH, por su parte, es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
