"El Estado dijo que no podía concurrir y entregó un documento, la CIDH nos dio una copia, en el que dice que acepta la convocatoria a dialogar pero no viene; como uruguayo siento vergüenza ajena de que no haya venido", dijo Olivera, coordinador del Observatorio, quien asistió a la audiencia celebrada el jueves en Buenos Aires.
Los comisionados solicitaron al Observatorio mantener un diálogo abierto para seguir tratando los temas de derechos humanos en este país.
"Tuvimos una reunión con los expertos de medidas cautelares por el tema de las amenazas, nos plantearon los protocolos que tienen, quedamos en analizarlos como para aplicarlos también en Uruguay", contó Olivera.
El Observatorio presentó a su vez "un diagnóstico sobre las amenazas y (expuso) que las causas judiciales no avanzan; sobre esos temas teníamos que dialogar, pero con un documento donde nos hacen un relato de las cosas que supuestamente han hecho o que están haciendo, no se solucionan", agregó.
Los miembros del Grupo de Verdad y Justicia asesoran "al Gobierno, pero en este caso no fueron consultados si había que concurrir o no a la audiencia con la CIDH", dijo Michelini.
En la audiencia se expusieron las amenazas proferidas por un supuesto "comando Barneix" en febrero pasado a un grupo de personas, entre las que estaban el ministro de Defensa, el fiscal de Corte, jueces, fiscales y representantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellos representantes del Observatorio.
Barneix se suicidó en septiembre de 2015 cuando se enteró de que había sido procesado por la justicia penal por la muerte en torturas del militante comunista Aldo Perrini en 1974.
El Observatorio afirma que esa amenaza así como las recibidas el año pasado por los antropólogos forenses que buscan restos de desaparecidos en su propia sede entorpecen las investigaciones en casos de lesa humanidad.
Olivera puso como ejemplo que a una de las colaboradoras del Observatorio, "la doctora Francesca Lessa, la Universidad de Oxford para la que trabaja no la autoriza a quedarse en Uruguay por la amenaza".
En relación a las amenazas a los antropólogos, a cuya sede ingresaron desconocidos que se llevaron material informático y dejaron mensajes amenazantes, Michelini aseguró que "se tomaron todos los recaudos para que no se obstaculizaran los trabajos y logramos mantener los servicios".
Agregó que "se les puso en un lugar adecuado con seguridad permanente, también se hizo una investigación judicial y administrativa" que, sin embargo, no arrojó ningún resultado.
"No hay forma, se interrogó a todas las personas, pero no hay cámaras, no hay huellas", justificó.
Sentencia del caso Gelman
La sentencia establece que "debe existir un proceso de justicia rápido y eficaz" y eso no está ocurriendo, dijo Olivera.
Sobre este tema, Michelini afirmó que el proceso penal uruguayo "no está pensado para la investigación de las causas de los crímenes de lesa humanidad producto del terrorismo de Estado y ya es lento para el tratamiento de delitos comunes".
Sin embargo, opinó que "el proyecto de ley para tener una fiscalía especializada podrá mejorar esto" y recordó que el Gobierno se comprometió a cumplir los 11 puntos de la sentencia del caso Gelman.
Michelini afirmó que "hay un proceso en el batallón de infantería 13 donde hay una búsqueda y hace 15, 20 días, la jueza hizo una revisión del lugar".
Otro asunto pendiente es la capacitación de jueces y fiscales.
Con respecto al acceso a la documentación existente, Michelini indicó que ahora "se puede tener acceso a todos los archivos vinculados al pasado reciente" si se los solicita al Grupo Verdad y Justicia.
Aclaró que puede haber alguna demora porque con algunos documentos que están en etapa de inventario.
