"El Gobierno entregará a los habitantes de villas, asentamientos y urbanizaciones informales de todo el país el Certificado de Vivienda Familiar", anunció la Presidencia en un comunicado.
El documento servirá a efectos de acreditar la existencia del domicilio y permitirá iniciar los trámites de solicitud de la conexión a servicios públicos como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció que se realizó "un relevamiento de 4.100 barrios populares, que se terminó el 31 de diciembre" pasado.
"Pudimos hacer encuestas sobre 402.000 familias, aproximadamente 1.350.000 personas que tenemos censadas y que van a poder retirar un certificado de vivienda (…) a partir del 8 de junio", añadió.
El organismo, denominado Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), inscribirá los bienes inmuebles, sus construcciones y los datos de las personas que los habitan al 31 de diciembre de 2016.
En el Registro figurarán "aquellos barrios populares que se encuentren integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos", contó Stanley.
"Hemos identificado a los 500 barrios más vulnerables de la Argentina y en ellos estamos trabajando", señaló el ministro argentino de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, durante la presentación del Programa Nacional de Hábitat.
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, más de 2 millones de personas se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que abarca unos 500.000 hogares.
