En ese encuentro con la JSF, nombrada por Washington, los estudiantes intentarán hacer valer su voluntad para que "no se siga recortando en educación", dijo Collazo, portavoz del movimiento estudiantil del recinto (campus) de Río Piedras de la Universidad del Puerto Rico.
Sin embargo, el presidente de la JSF, José Carrión, dijo a la prensa días atrás que "el recorte de 512 millones de dólares no es negociable", recordó Collazo, por lo cual "no nos queda muy claro cómo propone abrir una mesa de negociaciones cuando ya ha dicho que no está dispuesto a hablar sobre estos recortes", señaló.
Río Piedras es uno de los 11 campus que tiene la Universidad de Puerto Rico en todo el país, ocho de los cuales se mantienen en huelga desde hace más de un mes en rechazo a los recortes que exige la JSF, un ente de control impuesto por EEUU para reestructurar la deuda pública puertorriqueña que suma 70.000 millones de dólares.
Los estudiantes rechazan ese recorte de 512 millones de quiere efectuar la JSF, así como el incremento en los costos de matrícula y las sanciones que se han aplicado a los alumnos por ejercer el derecho a la protesta, además de exigir la realización de una auditoría transparente de la deuda pública.
En la reunión prevista para el miércoles 24 participarán dos estudiantes de cada recinto de la Universidad, más dos de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño y otros dos del Conservatorio de Música (un total de 26), mientras que por parte de la JSF acudirá Carrión y varios ejecutivos de la misma.
No obstante, Collazo explicó que "van a negociar cinco compañeros y compañeras", que describirán "el paquete legislativo con cinco proyectos de ley con el que pretendemos subsanar el recorte que quieren imponer a la Universidad" el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la JSF.
Medidas inaceptables
Las medidas de austeridad propuestas por la JSF contemplan recortes en cinco áreas: educación pública, Universidad, pensiones, sistema de salud y empleos públicos.
"Quieren recortar 3.500 millones de dólares anuales para poder cumplir con el pago a los bonistas (de) 70.000 millones de dólares en 10 años", manifestó Collazo.
Entre los cinco proyectos de ley que los estudiantes universitarios impulsan se destaca la propuesta de eliminar las leyes 20 y 22, que desde 2012 dan incentivos y exenciones contributivas a los extranjeros que invierten en Puerto Rico, así "durante varios años estos inversionistas meten su capital sin pagar por las riquezas que generan" en la isla, criticó Collazo.
"Si se eliminan (estas leyes) se podrían recaudar miles de millones; vamos a intentar impulsar nuestros cinco proyectos de ley para demostrarles cómo el erario público puede recaudar más de 512 millones de dólares", agregó.
"El paquete legislativo ya está debidamente presentado, radicado y auspiciado por senadores y representantes", aclaró Collazo.
Renuncia de la rectora
El recinto de Río Piedras, el más importante del país, ya acumula 54 días de paro.
A principios de mayo, el Tribunal de Apelaciones ordenó a los estudiantes reabrir ese recinto y les dio como plazo máximo para reanudar las clases el pasado día 11, pero los estudiantes decidieron en asamblea continuar la huelga de forma indefinida.
Tras la negativa a abrir el recinto, un tribunal multó a la administración universitaria con 5.000 dólares de base más otros 1.000 diarios por cada jornada que permanezca cerrada, tema que será analizado el próximo lunes 22 en una vista de seguimiento en el Tribunal de primera instancia.
Esa situación provocó el jueves la renuncia de la rectora interina de Río Piedras, Carmen Haydeé Rivera, y de la decana interina de Asuntos Académicos, Sunny Cabrera.
El que hasta ahora fuera decano de Estudios Graduados e Investigación, Pedro Rodríguez, se convirtió en nuevo rector interino, aunque también está previsto que renuncie, explicó Collazo.
De momento la policía ha rehuido abrir el recinto de Río Piedras argumentando que respetará la autonomía universitaria, si bien los agentes se mantendrán fuera del recinto para evitar altercados.
El viernes los abogados de la Universidad presentaron una moción de auxilio ante el Tribunal Supremo para que deje sin efecto la decisión del Tribunal de Apelaciones que obligó a abrir este campus, informó el diario El Nuevo Día.
