El Comité manifestó su preocupación por "la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad, así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa", indica el informe.
El foro mundial urgió al Estado argentino a investigar estas prácticas "sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial", y a terminar con los traslados "arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto".
Otro de los problemas que afronta este país sudamericano es el aumento de la población penitenciaria desde 2009, lo que agrava la sobrepoblación ya existente pese a la construcción de nuevos centros de reclusión.
Por ello sugiere evitar "reformas legislativas que desnaturalicen el principio de progresividad en que se basa la reinserción social de los condenados".
Argentina también incurre en la práctica de "modalidades de aislamiento no reglamentadas" que no tienen la supervisión judicial, alertó la ONU.
En el sistema penitenciario argentino fallecieron 43 presos entre 2008 y 2016, según datos del Estado, aunque la ONU constató que según otros informes se han producido 1.930 muertes en todo el país desde 2010, lo que indicaría una falta de investigación al respecto.
Institucionalidad
También tuvo en cuenta los organismos que ha constituido el Gobierno para mejorar la protección de los derechos humanos, como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, en 2006, la Procuraduría de Violencia Institucional, en 2013, o el Plan Nacional de Acción para prevenir la violencia contra las mujeres, que abarca el período comprendido entre 2017 y 2019.
Naciones Unidas subrayó que el Estado debe especificar en la tipificación del delito de tortura "el propósito de la conducta e incluir como sujetos activos del delito a otras personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas, o a instigación", en armonía con la Convención contra la Tortura.
"Las discrepancias graves entre la definición que figura en la Convención y la reflejada en la legislación nacional abren resquicios reales o potenciales para la impunidad", advirtió la ONU.
El Comité también valoró las medias adoptadas por el Estado para combatir la violencia de género, aunque se observa un "alarmante número" en los casos de feminicidios.
Argentina tiene cuatro años por delante para dar cuenta de estas recomendaciones.