"En un tiempo pasado hubo inversiones que constituyeron un error y fueron terminadas; actualmente, producto de las exigencias del partido, la totalidad de los recursos del PS están invertidos en instrumentos de renta fija y carácter nacional", afirmó en una rueda de prensa el presidente de la agrupación, Álvaro Elizalde.
Durante ese período la bancada habría participado también en el mercado sanitario, eléctrico, empresas de autopistas, y en compañías brasileras como Braskem, acusada de soborno y corrupción en su país.
"Nuestros bienes fueron expropiados en la dictadura, y con las indemnizaciones (del Fisco), el PS decidió constituir una comisión de patrimonio que administrara las inversiones, para que se diera rentabilidad a las mismas para financiar el partido", explicó Elizalde.
El exministro de la presidenta Michelle Bachelet durante 2014 y 2015, subrayó que ningún militante se ha visto favorecido con dichas inversiones, hechas de manera legal, y que la actual mesa directiva que él preside hace un mes desconoce el detalle de estos negocios.
"Se separó la tarea de administración de la tarea política del partido; la comisión actuó de manera autónoma e independiente y hace algunos años se traspasó el mando a una entidad financiera que maneja las inversiones del PS", dijo.
Elizalde agregó que la directiva del partido se reunirá para actualizar los estándares de exigencia respecto a la administración de su patrimonio, "para que no exista ningún atisbo de conflicto de intereses".
Respecto a las críticas emitidas desde la oposición, Elizalde emplazó al candidato presidencial de la derecha y exjefe de Estado (2010-2014), Sebastián Piñera, a revelar la totalidad de su patrimonio al Servicio Electoral, en el marco de su carrera a La Moneda.
"Yo no soy Piñera y el estándar que vamos a instalar va a ser tan alto que le va a ser muy difícil (a Piñera) seguir nuestro ejemplo", dijo el socialista.
El político oficialista remarcó que los dineros del PS han sido manejados con un estándar "muy superior al legal".
Desde octubre de 2016, la nueva ley de partidos establece que los conglomerados deben constituir fideicomisos ciegos para el manejo de sus negocios, así como la obligación de participar en los distintos mercados de manera diversificada.
