"Reclamamos que no se recorte más dinero a la educación, (pues) se plantea recortar a la Universidad un total de 512 millones de dólares anuales, que no se sigan incrementando los costos de matrícula y que no se sancione a los estudiantes por ejercer el derecho a la protesta", señaló Collazo, portavoz del Movimiento estudiantil del recinto (campus) de Río Piedras de la UPR.
De hecho, el otro gran reclamo de los estudiantes universitarios es la realización de una auditoría transparente de la deuda pública.
"La deuda 'colonial' de Puerto Rico supera los 70.000 millones de dólares y entendemos que antes de cualquier reestructuración o de cualquier ajuste fiscal debemos conocer dónde se invirtió el dinero, qué dinero fue obtenido de manera ilegal, quiénes son los corruptos, qué parte de la deuda no debe pagarse", añadió Collazo a esta agencia.
Esa junta de control fiscal está integrada por siete procónsules que no fueron elegidos por Puerto Rico, continuó el dirigente estudiantil, y pretenden reestructurar la deuda "mediante el corte de los servicios esenciales del pueblo para pagar a los bonistas".
La delicada situación financiera que atraviesa el país, estado libre asociado de EEUU desde 1952, ha hecho despertar a "un pueblo que no suele protestar por este tipo de situaciones; pero ya estamos en un punto que no aguantamos más y hemos decidido levantarnos", denunció.
Tribunal ordena reabrir centro
La semana pasada el Tribunal de Apelaciones ordenó reabrir el recinto de Río Piedras y dio como plazo máximo para reanudar las clases hasta este jueves a las 6:00 hora local (10:00 GMT).
Sin embargo, en la tercera asamblea general de estudiantes de Río Piedras, celebrada el miércoles, se ratificó que la huelga continúa.
"Vamos a ver qué pasa (este jueves), esperamos mucha solidaridad", sostuvo Collazo antes de que finalizara la asamblea y aseguró que la presidenta interina de la Universidad, Nivia Fernández, es "la única que quiere confrontar".
En esa tercera asamblea los estudiantes exigieron nuevamente la renuncia de Fernández, "por su reiterada complicidad con el desmantelamiento de la universidad".
Por último, Collazo estimó que la huelga podría extenderse casi otros dos meses, ya que la JSF tiene plazo hasta el 30 de junio para presentar el nuevo plan fiscal que contemplaría ese recorte de 512 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico.