"El objetivo es propiciar que ese acto judicial transcurra de la mejor manera posible y garantizar que cualquier manifestación ideológica se haga conforme a la ley y al orden", afirmó el 9 de mayo el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Paraná, Wagner Mesquita, al presentar el esquema especial.
El principal objetivo es que no haya incidentes entre los manifestantes a favor y en contra de Lula, que se desplazaron a Curitiba en los últimos días para seguir en directo la declaración del expresidente acusado de corrupción.
Se espera sobre todo la llegada de simpatizantes del expresidente ligados al Partido de los Trabajadores (PT), sindicatos y movimientos sociales de izquierda.
Entre los que llegaron el 9 de mayo y los que lo harán este miércoles por la mañana se esperan casi 60 autobuses con seguidores del expresidente, aunque el número podría ser menor del esperado por los responsables de la seguridad.
En cualquier caso la prioridad es que los dos bandos no se encuentren en las calles de Curitiba para evitar altercados, por lo que sus respectivas áreas para manifestarse están alejadas entre sí.
Lo que ni partidarios ni detractores de Lula podrán hacer será acompañarle hasta las puertas del juzgado o recibirle a su salida: la sede de la Justicia Federal de Paraná, en la avenida Anita Garibaldi, contará con un estricto cordón de seguridad.
Varias calles del entorno del edificio fueron cortadas al tráfico la noche del martes; sólo podrán acceder al perímetro protegido los vecinos y comerciantes registrados previamente por la Policía Militar (se inscribieron más de 6.000).
En alguno de ellos podría participar el propio expresidente, según fuentes de los sindicatos consultadas por Sputnik, aunque de momento no hay una confirmación oficial; en cambio sí está confirmada la presencia de la expresidenta Dilma Rousseff y senadores del PT como Gleisi Hoffmann y Lindbergh Farias.
Tanto Lula como Rousseff, en calidad de expresidentes tienen derecho a un refuerzo de la escolta policial, pero según el Gobierno de Paraná ninguno de los dos lo solicitó por el momento.
Los fiscales aseguran que este apartamento, un tríplex de lujo, fue un regalo que la constructora OAS hizo a Lula y a su esposa a modo de soborno por los favores prestados dentro de la trama corrupta de Petrobras.
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El expresidente lo niega rotundamente, dice que el inmueble nunca fue de su propiedad y pide a los investigadores que aporten pruebas que demuestren su presunto vínculo con ese apartamento.
