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    Una víctima de las esterilizaciones forzadas en Perú (archivo)

    Mujeres indígenas de Perú llevan 21 años buscando justicia por esterilizaciones forzadas

    © AFP 2018 / Cris Bouroncle
    América Latina
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La presentación ante la ONU del caso de esterilizaciones forzadas que afectó en Perú a cerca de 300.000 personas durante el segundo mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) significa hacerlo visible al mundo, dijo a Sputnik la activista Ketty Marcelo López.

    "Para nosotras, las mujeres indígenas, que llevamos 21 años buscando justicia y reparación, ha sido muy importante presentar y visibilizar este caso" ante la ONU en un acto paralelo en el marco de la 16 sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, señaló Marcelo López.

    Uno de los objetivos de este viaje a la sede de la ONU es mostrar que lo ocurrido en los años 90 en Perú "fue una política de Estado", añadió Marcelo López, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

    "Queremos que el mundo entero tenga conocimiento que hubo un presidente que quiso extinguir a los pueblos indígenas del Perú porque este programa fue ejecutado principalmente en las comunidades indígenas andinas y amazónicas", denunció.

    Durante el mandato de Fujimori se implantó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio como resultado la esterilización de cerca de 300.000 personas, incluidos unos 24.000 varones, principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y la mayoría indígenas.

    El Gobierno argumentó que tales procedimientos fueron realizados con consentimiento de las personas afectadas.

    Al menos 18 mujeres murieron en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a la que fueron sometidas.

    Un caso emblemático, el de Mamérita Mestanza, una mujer indígena de 33 años que fue reiteradamente presionada para que accediera a practicarse una ligadura de trompas y que falleció poco después de que se le realizara la intervención por una infección posoperatoria, llegó en 1999 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y terminó en 2002 con una solución amistosa entre los denunciantes y el Estado.

    Este indemnizó a la familia y se comprometió a investigar de manera exhaustiva los hechos y penalizar a los responsables.

    El incumplimiento de ese compromiso llevó a la CIDH a denunciar nuevamente al Estado peruano en 2010, tras lo cual Lima se comprometió a reabrir los casos.

    Sin embargo, la fiscal Marcelita Gutiérrez archivó las denuncias judiciales en varias ocasiones.

    Pero la activista Marcelo López aseguró a esta agencia que las mujeres indígenas no lo dan por terminado y advirtió que acudirán "a las diferentes instancias para buscar justicia".

    Además de la Onamiap, que acompaña a las víctimas de esterilizaciones forzadas en la búsqueda de justicia y reparación, también participó en la presentación ante la ONU el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas.

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