"La mejor manera de lograr un desarrollo verdaderamente sostenible es proporcionar un acceso efectivo a la información que, a su vez, permita la participación informada del público en los procesos de toma de decisiones", dijo Knox en un comunicado.
Knox, quien la semana pasada visitó Uruguay para evaluar cómo el Gobierno cumple sus obligaciones relacionadas con el ambiente dijo que este país "ha respaldado sus obligaciones relativas a los derechos humanos y el medio ambiente" a través de la implantación de una normativa sobre derecho a la información y la participación pública en decisiones ambientales.
"No obstante, el Gobierno debe adoptar medidas positivas para estructurar la información ambiental de una manera que sea fácil de comprender para el público en general, especialmente aquellos que viven en la pobreza, que son los más vulnerables a la degradación ambiental", señaló.
El Relator Especial sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos recomendó al Gobierno uruguayo la creación de un "ombudsman" (Defensor del Pueblo) para que se encargue de recibir los reclamos ambientales de parte de la población.
Otra de las recomendaciones que realizó el especialista es que el Gobierno uruguayo coordine mejor la accesibilidad a la información relevante entre las fuentes gubernamentales, de manera que, por ejemplo, el público pueda encontrar información comprensible sobre la calidad del agua.
También destacó la importancia del acceso a la justicia en un contexto ambiental.
Durante su visita Knox se reunió también con la sociedad civil y con académicos, para analizar la situación de Uruguay.
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El informe con sus recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas será presentado formalmente en marzo de 2018.
