"No es conveniente que las controversias entre los miembros plenos sean subsanadas con decisiones políticas", por eso la activación de este protocolo "es la forma en que se deben resolver las diferencias que surgen respecto a la interpretación o aplicación de los tratados", señaló Bartesaghi.
El 2 de diciembre de 2016, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay acordaron el "cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte del Mercosur de Venezuela", con lo que este país quedó sin derecho a voto.
Los cuatro países achacaron a Venezuela no haber incorporado a su legislación 112 resoluciones y unas 300 normas.
Caracas objetó preventivamente dicha suspensión el 30 de noviembre del año pasado, y solicitó la activación del Protocolo de Olivos, que ha agotado en los meses transcurridos la opción de las negociaciones directas.
Este martes, Venezuela dio por concluida esa etapa y solicitó que se convoque a un tribunal arbitral.
Según explicó Bartesaghi, el Protocolo de Olivos "establece un límite para las negociaciones directas que es de 15 días", tiempo que en este caso ha sido superado debido al "nivel de crisis política y diplomática que enfrentan los miembros".
No obstante, el especialista recordó que el Protocolo "no hace referencia a un número de reuniones sino a plazos".
Si fracasan las negociaciones directas, continuó Bartesaghi, "interviene el Grupo de Mercado Común (GMC) y luego se establece un tribunal ad hoc que tiene 60 días para laudar con una prórroga de 30".
Una vez que ese tribunal emita su laudo, las partes pueden recurrirlo ante el Tribunal Permanente de Revisión, en un proceso que puede llegar a extenderse por 60 días más.
El laudo del Tribunal de Revisión es inapelable, definitivo y de cumplimiento obligatorio para las partes.
El Mercosur fue fundado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en 1991, mientras Venezuela se incorporó en 2012.
