"La convocatoria busca proponer medidas integrales y efectivas en materia de prevención, protección y atención, para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población civil" en el departamento de Chocó (noroeste) y en el distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca (centro-oeste), informó la Defensoría en un comunicado.
Dicha reunión se llevará a cabo el 27 de este mes en Bogotá con el fin de impulsar la efectividad de los derechos humanos mediante acciones dirigidas a promover, proteger y defender esos derechos y prevenir sus violaciones.
Entre las autoridades convocadas están el vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo; los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y del Interior, Juan Fernando Cristo; el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, precisó la Defensoría.
Asimismo, el organismo convocó a los representantes en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados, quienes han brindado acompañamiento a la Defensoría del Pueblo y a las comunidades en riesgo en el Chocó y Valle del Cauca.
Durante el encuentro se espera que los representantes locales presenten las preocupaciones relacionadas con el deterioro de las condiciones de seguridad de los pobladores de esos territorios y las medidas que se han implementado, pero que son insuficientes para atender la situación en esas regiones del país.
Desde septiembre de 2015 la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre mayores riesgos en esas regiones del país debido a la incursión del nuevo grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que buscan hacerse con las tierras dejadas por las FARC y tomar el control de varias vías para el narcotráfico.
Solamente en una región de Chocó, entre finales de 2015 y comienzos de 2016, combates entre los grupos armados ilegales causaron el desplazamiento forzado de más de 1.000 personas y el confinamiento de otras 6.000.
Por su parte, en Buenaventura se encuentran en peligro las comunidades afrocolombianas y del Cabildo Indígena Valledupar del pueblo Wounaan, las cuales permanecen confinadas con regularidad y bajo amenaza por la presencia de hombres armados y vestidos de camuflado, según informó previamente la Defensoría.
