Entre los proyectos cancelados por la actual administración, Rossi enumeró la "remotorización" de los [aviones] Pucará, las tareas de media vida del submarino Santa Cruz —que lo dejará inoperativo— y la construcción de radares argentinos por parte de la empresa estatal INVAP.
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Asimismo, el exponente del opositor Frente para la Victoria (FpV) denunció que se están "unificando bases" y "se han suspendido todos los planes de actualización de las fábricas militares". En este último sector, "un área muy sensible", indicó que "no se mejoran las condiciones de seguridad".
"Argentina tiene un enorme plan de ajuste que desarticula el complejo de la industria de la defensa nacional y por el otro lado estamos comprando armamento 'llave en mano' desde EEUU", subrayó Rossi.
"No solamente está indicado qué tipo de equipamiento sino además el orden secuencial de qué se tiene que comprar. El pedido que se ha hecho a EEUU a todas luces resulta hecho al voleo, sin ningún tipo de rigurosidad técnica. Es como si hubieran entrado a un supermercado y hubieran dicho ‘compramos 10 de esto y 15 de esto otro' sin ningún tipo de criterio", opinó el entrevistado.
La presunta compra de material militar trascendió por medio de una carta firmada en junio de 2016 por el embajador de Argentina en Washington, Martín Lousteau, y dirigida al congresista demócrata Peter Visclosky. La misiva adjunta un listado de armamento que, según indicó en un comunicado el bloque de diputados del FpV incluye "poderosos aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance, helicópteros similares a los utilizados durante la guerra de Malvinas".
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El Ministerio de Defensa salió al cruce de las acusaciones y respondió a través de un comunicado que "el listado de armamento aludido tiene carácter exploratorio, genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir".
La cartera "niega la intención de compra de todo el armamento militar expuesto" y subraya que la consulta transmitida al congresista "obedece a la inquietud de conocer las posibilidades de acceder a programas de cooperación y/o ayuda militar". El Gobierno destacó que este listado "no está valorizado" porque "no guarda relación" con el presupuesto.
Según el entrevistado, "acá no se ha utilizado esa agencia, no ha participado ni el secretario de logística del ministerio ni de cada una de las Fuerzas". Tampoco intervinieron "los agregados militares con asiento en EEUU". Quienes intercedieron fueron "el embajador [Lousteau], dos diputados nacionales [del oficialista bloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina] y un congresista estadounidense [Visclosky]".
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"Está claro que si Defensa dice que no había intencionalidad de compra es mucho más grave la situación. Se obvió en el pedido de compra al mismo Ministerio por lo cual se está en un mecanismo absolutamente irregular", opinó.
Respecto a la fundamentación por las amenazas del terrorismo, el político consideró que son "justificaciones" basadas en "un hecho no comprobable". Además, afirmó que "las leyes argentinas impiden a las Fuerzas Armadas actuar en cuestiones referidas a la criminalidad común u organizada", competencia de las Fuerzas de Seguridad.
"Parece claramente desproporcionado y fuera de lugar el hecho de estar comprando armas por ese monto mientras no se dan respuestas internas a distintas situaciones que vienen padeciendo los argentinos", concluyó el exministro.
