Si se hacen efectivas un conjunto de iniciativas de ley "afectarían la vigencia de los derechos humanos en el país, al establecer un régimen legal de militarización de la seguridad pública y prever estados de excepción sin cumplir los más altos estándares internacionales", dice el documento.
Ese conjunto de reglamentaciones legales "le darían pie a más violaciones a derechos humanos y a una completa impunidad", dicen los organismos que convocaron a una jornada de análisis y discusión en torno a dichas iniciativas.
La discusión de esta nueva legislación, actualmente en el Senado, es particularmente importante en el sureño estado de Guerrero, considerado "epicentro de la militarización que ha dejado una huella profunda de dolor y sufrimiento en centenares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que no han alcanzado justicia", puntualizan los expertos.
Balance desde la sociedad civil
Guerrero, una de las regiones más empobrecidas del sur de México, es "un estado maltrecho por la violencia caciquil, donde el quehacer policial devino en una acción delincuencial institucionalizada, que dio licencia a elementos policíacos que se trasformaron en un serio peligro para la sociedad por sus antecedentes criminales", señala el análisis.
Con el fin de diseñar una alternativa, los cuatro organismos organizan este martes con expertos, juristas y abogados defensores de víctimas un foro de discusión denominado "Seguridad o derechos humanos: Una falsa dicotomía".
A pesar del despliegue militar de años, Guerrero es conocido por ser escenario de la plantación de amapola y de la masacre de estudiantes de magisterio rural de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, saldado con 43 desaparecidos, seis muertos y 25 heridos.
"Los niveles de violencia siguen aumentando exponencialmente cada día", dice el análisis.
Doce "grupos del crimen organizado se han adueñado de las instituciones y ejercen un control territorial imponiendo sus reglas y autogobierno", dice el análisis.
A pesar de que en todos estos municipios existen batallones, zonas y regiones militares con cientos de efectivos que a diario se despliegan, "lo paradójico de la situación es que la violencia y los grupos delincuenciales siguen sembrando terror y muerte, contando con la complacencia de las autoridades locales", señalan los abogados de víctimas.
El desafío es cómo reivindicar un paradigma de la seguridad diferente a la fuerza que se cimente en la protección de los derechos humanos tal como lo plantean los organismos internacionales.
Ese enfoque diferente "se ha podido practicar en países que privilegian una estrategia integral para la prevención del delito y la profesionalización de sus cuerpos policíacos", adelantan.
"En Guerrero tenemos heridas abiertas provocadas por la militarización en tiempos pasados y actuales, que nos impiden consolidar nuestra democracia", dijo a esta agencia el portavoz de abogados defensores de los derechos humanos Christian Campos, del Centro de DDHH de la Montaña "Tlachinollan", nombre prehispánico de las montañas de Guerrero.
"Algunos actores empresariales consideran que la solución a los problemas de violencia es sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para que se hagan cargo de la seguridad, pero un régimen de excepción nos hundirá en el pantano de la impunidad" si se le brindan al Ejército "todas las garantías para abatir a cualquier persona que considere como su enemigo", puntualizó Campos.
