"El problema no está en los señalamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos imputadas a los militares, sino en las insuficiencias e incapacidades de las instituciones mexicanas para investigar y esclarecer los indicios de delitos que crean la impunidad", dijo el director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y democracia.
La controversia se originó en una denuncia que hizo el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien señaló la supuesta participación de militares en la llamada Masacre de Iguala, de septiembre de 2014, perpetrada, según las pesquisas federales, por policías y sicarios del narcotráfico.
Los dichos de López Obrador fueron rechazados por el director general de Derechos Humanos de la secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán Benítez.
El funcionario dijo fueron realizados "sin fundamento" y "sin la mínima evidencia".
Sin embargo, Cortez explicó que se puede demostrar las escasas aptitudes de la fiscalía para llevar adelante indagatorias que permitan esclarecer los hechos.
"Hay motivos para señalar que las instituciones mexicanas, como la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) han mostrado baja capacidad de cumplir su responsabilidad de realizar investigaciones de calidad objetivas", dijo el experimentado exjesuita y defensor de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Según el especialista las falencias del trabajo de la procuraduría han sido comprobadas "por los expertos nacionales e internacionales" que trabajaron en el caso, como los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pólitización de las Fuerzas Armadas
El posicionamiento público de la Defensa Nacional ante López Obrador, un político que aspira a competir por tercera vez en las elecciones presidenciales, que se celebrarán en julio de 2018, y acusa a los militares de reprimir, "podría suponer una ruptura de las relaciones cívico-militares y una eventual politización de las Fuerzas Armadas, que históricamente han estado fuera de la palestra política", advirtió Cortez.
Sin embargo, los señalamientos a los militares en tareas de seguridad pública en los últimos años "suman entre 500 y 600 denuncias documentadas".
"Como consecuencia, hay un número menor de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Ombudsman federal), que tampoco se ha destacado por la prontitud de la calidad de sus investigaciones", puntualizó el abogado.
Por su parte, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo en una conferencia en el Senado que "las fuerzas armadas sí han violado derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos dirigido, entre ellas por casos de tortura".
El portavoz de las Fuerzas Armadas, en tanto, deploró que "se han mencionado supuestas responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de hechos delictivos".
El alto jefe castrense desafió a los "actores sociales que tengan pruebas en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales", a que les presenten pruebas para que sean investigadas, porque de lo contrario son "injurias y ofensas".
Altos funcionarios del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, también han criticado a López Obrador, candidato presidencial en 2006 y 2012, por "atacar sin fundamento a las Fuerzas Armadas".
