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    Funcionarios ecuatorianos tendrán un año para deshacerse de activos en paraísos fiscales

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    QUITO (Sputnik) — Funcionarios y autoridades de elección popular de Ecuador tendrán hasta el 6 de marzo de 2018 para vender bienes y activos radicados en paraísos fiscales, prevé el proyecto de ley presentado por el presidente Rafael Correa para cumplir con la decisión que expresó la ciudadanía en la consulta popular del 19 de febrero.

    El proyecto señala que "quienes de alguna manera tuvieran bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales" deberán hasta el 6 de marzo del próximo año "dejar de tenerlos, caso contrario, se les impondrán las sanciones previstas".

    La iniciativa sostiene que no podrán "ser transferidos a cualquier tipo de empresas, corporaciones, fundaciones u otras formas asociativas o fideicomisos de los cuales, ya sea de forma personal o como asociado, socio o accionista" el funcionario forme parte.

    Estos activos tampoco podrán transferirse a parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

    En la fecha límite estipulada, las autoridades que cumplan con este proceso de venta deberán presentar una nueva declaración juramentada de sus bienes informando "que ha dejado de tener propiedades en territorios o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales".

    El incumplimiento de este trámite será causal de destitución del funcionario y, según el caso, derivará en enjuiciamiento político.

    Si la persona involucrada encabeza un ministerio, el presidente será el encargado de ejecutar la destitución; en el caso de prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, consejeros provinciales y concejales municipales, el respectivo "órgano colegiado" será el que determine el cese de funciones.

    La destitución deberá ocurrir en un máximo de 45 días, caso contrario será el contralor del Estado quien ejecute la suspensión.

    El proyecto está en manos de la Asamblea Nacional, que lo someterá a dos debates antes de su votación, que se presume será afirmativa.

    La consulta popular interrogó a la ciudadanía sobre la posibilidad de establecer la prohibición de poseer bienes o capitales de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, para quien desempeñe cargos elegidos por el pueblo o sea servidor público.

    La prohibición fue aprobada por 55,12% de los votos.

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