"Lo que hay que cambiar son las estructuras de la Policía y las Fuerzas Armadas que no han modificado sus leyes y reglamentos internos desde tiempos de la dictadura", dijo la funcionaria.
Núñez hizo esta declaración al referirse al último hecho de sangre ocurrido el pasado domingo en el Regimiento Logístico de Cochabamba (centro), cuando un oficial se quitó la vida luego de asesinar a su esposa, también policía.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que "si bien se han tomado previsiones de incorporar el componente de derechos humanos en la currícula de la formación, tenemos que hacer una evaluación para reforzar algún aspecto formativo en las instituciones para evitar esta problemática", consignó la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI).
Núñez, por su parte, señaló que no basta la capacitación en derechos humanos sino se cambian las estructuras y las normas internas de estas instituciones que mantienen una visión machista a patriarcal.
"El machismo, el patriarcado, además de la testosterona, harán a una persona violenta", declaró.
Señaló que cuando una esposa de policía o de un militar denuncia un hecho de violencia ante el Ministerio Público se activan mecanismos de protección entre los oficiales y la mujer termina siendo revictimizada.
La funcionaria afirmó que la Defensoría del Pueblo de Bolivia habría invertido algo más de cinco millones de dólares en los últimos diez años en la capacitación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas y la Policía sin obtener resultados esperados.
En criterio de Núñez, los programas educativos en las instituciones castrenses y policiales no han incorporado las leyes sobre derechos humanos y lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres.
"Hemos cambiado hacia un nuevo Estado Plurinacional, se han aprobado leyes contra la burocracia, en favor de la población altamente vulnerable como las mujeres, adultos mayores, niñez y adolescencia, pero si no se adecúan estas instituciones, no se va a poder terminar con la violencia", advirtió.
La Defensoría del Pueblo busca lograr una mayor incidencia al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía, modificando sus actuales programas de estudios y las normas internas que reproducen la lógica represiva y vertical de estas institucionales.
