Existe un riesgo para la comunidad del Bajo San Juan (Chocó) por la "presencia, control y disputa territorial entre distintos grupos armados como post-desmovilización", señaló el órgano en un comunicado.
Asimismo, advirtió que durante una visita a las comunidades afrodescendientes e indígenas del Bajo San Juan pudo constatar una serie de emergencias humanitarias por la presencia de grupos armados ilegales que sostienen una disputa territorial.
La situación ya deja afectadas en el municipio del litoral de San Juan a 4.166 personas, mientras que "en el alto Baudó, 1.604, y en el medio Baudó, 200 integrantes de comunidades étnicas", destacó la Corte.
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Por estos hechos, la Corte Constitucional le solicitó al Gobierno un informe sobre las políticas públicas que se han adoptado e implementado para la protección de las comunidades étnicas en el departamento del Chocó, uno de los más deprimidos y violentos de la geografía colombiana.