"Preocupa la criminalización absoluta del aborto, según establece el artículo 133 del Código Penal, y que las mujeres recurran a métodos inseguros" para llevar a cabo esa práctica, pues conlleva "graves riesgos para la salud y la vida", señaló el comité en sus observaciones al país.
La recomendación del Comité es un avance importante, según organizaciones de mujeres.
"Es una voz que se une a esta demanda regional y mundial para que podamos construir una ley que permita el aborto en ciertos casos; se une a todas las voces que estamos pidiendo al Estado salvadoreño no solo un debate serio, científico y laico, sino una acción en materia de derechos de las mujeres", dijo a Sputnik la activista Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Las mujeres salvadoreñas podían abortar en casos de violación o si la salud del bebé o de la madre estaban en peligro, hasta que una ley terminó con esas libertades en 1998.
El aborto está totalmente prohibido en este país centroamericano que impone penas de prisión para quien incurra en la interrupción voluntaria del embarazo sin importar las circunstancias.
En El Salvador hay mujeres en prisión tras haber acudido al hospital embarazadas cuando necesitaban atención médica porque fueron denunciadas por profesionales de la sanidad por miedo a ser sancionados ellos mismos al atenderlas.
Por ello, el Comité recomienda al Estado introducir una moratoria en la aplicación de la ley vigente y revisar la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto "con el fin de garantizar su liberación y mantener la presunción de inocencia y el debido proceso".
También pide que se garantice el secreto profesional de los médicos y la confidencialidad de los pacientes.
Avances
El Comité de la Cedaw destaca, por otra parte, "los esfuerzos del Estado (salvadoreño) por adoptar o revisar leyes, programas y planes para combatir la discriminación contra la mujer y promover sus derechos".
El último informe que realizó el Comité fue en 2008 y desde entonces el país centroamericano ha impulsado reformas legislativas.
Así, el organismo destaca la Ley de Igualdad, Equidad y Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y la ley que promueve y protege la lactancia materna, ambas de 2016.
También valoró positivamente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de 2012, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, de 2009, que permite al Ministerio de Educación impartir clases sobre género, salud y discriminación en el sistema educativo.
Asimismo, critica la falta de información sobre cómo se juzgan los casos de violencia de género y advierte de los escasos enjuiciamientos en casos de violencia contra las mujeres y los feminicidios y "el número aún menor de condenas".
Acceso a justicia
Por otro lado, el Comité saludó también que el país haya establecido una jurisdicción especializada para delitos contra la mujer y unidades de apoyo institucional en la policía.
En ese sentido, el Comité recomienda que se asignen recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para permitir el funcionamiento eficaz de la jurisdicción especial creada recientemente en materia de delitos contra la mujer.
También pide al Estado salvadoreño reforzar el trabajo de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal para la aplicación de protocolos y el seguimiento de su aplicación.
