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    Una activista lleva la foto de Berta Cáceres

    Asesinos de Berta Cáceres siguen impunes un año después

    © REUTERS/ Jorge Cabrera
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Hay un alto riesgo de que el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, cometido el 3 de marzo de 2016, nunca se aclare porque sus verdaderos responsables siguen libres, dijo a Sputnik la hija mayor de la dirigente indígena, Olivia Zúniga Cáceres.

    "Hay ocho personas encarceladas como autores materiales del asesinato, la mayoría son exmilitares, integrantes de grupos paramilitares y militares en activo, (pero) su captura es una forma de enmascarar la impunidad que hay detrás de este crimen", pues los "autores intelectuales" están libres, aseguró Zúniga Cáceres.

    La justicia hondureña "solo ha tocado a las personas que estuvieron vinculadas como autores materiales" y no se han llevado a cabo otras investigaciones, insistió la joven.

    "Ni siquiera se han abierto líneas de investigación contra la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA)", responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que Berta Cáceres se oponía pues lo consideraba una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas, añadió Zúniga Cáceres.

    Agua Zarca es un proyecto hidroeléctrico previsto para el río Gualcarque, en el departamento de Santa Bárbara (noroeste), una región habitada por indígenas lencas.

    Tampoco se investigó a los funcionarios públicos que la activista había denunciado en 2015 por supuestas "amenazas de muerte, de secuestro e intentos de soborno", dijo su hija.

    Berta Cáceres "no abandonó su lucha a pesar de las amenazas de muerte; ella nos decía reiteradamente que la iban a matar, y que si algo le pasaba, fuéramos felices; eso era lo único que nos pedía", recordó la hija de la reconocida líder indígena.

    "Después de una guerra mediática y jurídica en su contra, finalmente fue asesinada", lamentó.

    Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a balazos en su casa el 3 de marzo de 2016 pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

    Su familia responsabiliza al Estado y a la compañía DESA de su asesinato, al que califica de "crimen político", por las amenazas proferidas "por parte del personal de esta empresa, desde el personal de seguridad a los miembros de la junta directiva", dijo Zúniga Cáceres.

    Por eso, reclaman una comisión internacional de expertos que dé con los responsables.

    La familia también pide que no siga adelante Agua Zarca, proyecto suspendido pero cuya concesión sigue activa, explicó Zúniga Cáceres a esta agencia.

    Asimismo, los parientes denuncian que no se les ha permitido tener acceso al caso y que en estos 12 meses se han producido numerosas irregularidades.

    En septiembre, por ejemplo, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se llevaba el expediente a su casa fue asaltada y amenazada por cuatro hombres cuando conducía su vehículo tras salir del trabajo; el expediente fue robado.

    "Lo denunciamos, era un acto que demostraba la inseguridad judicial y el colapso del sistema de justicia de nuestro país, y no se averiguó quién lo robó", indicó Zúniga Cáceres.

    Tras el crimen de Berta Cáceres, otros activistas fueron asesinados en Honduras, considerado el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según una investigación de Global Witness publicada en enero.

    Según datos de esa organización, desde 2010 han muerto más de 120 activistas.

    "Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo", señala la investigación.

    Otros tantos han sido amenazados o encarcelados.

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