Esa votación del organismo que vigila las condiciones de competencia en el mercado del sector, fue difundida por la agencia oficial Notimex, que citó "una fuente involucrada en el proceso de investigación en materia de competencia económica que sigue a la firma", la mayor televisora del país latinoamericano, propiedad de la familia Azcárraga.
La resolución de hace poco más de un año fue impugnada por competidores ante un tribunal federal especializado en telecomunicaciones, que la declaró "inconstitucional, por tomar en cuenta datos que no estaban comprendidos dentro del periodo de investigación".
Con base en esta decisión, el IFT deberá abrir un nuevo proceso en el que determinará eventualmente las medidas a implementar a Grupo Televisa, en cuanto a la prestación de sus servicios de televisión restringida o de pago.
El nuevo proceso, según analistas citados por la agencia estatal, puede demorar de "un par de meses hasta un año, dado que se requiere dar audiencia a los involucrados".
Una reforma de telecomunicaciones fue implementada en México a partir de 2014, para impedir el poder monopólico de actores privados en los sectores de la telefonía, la televisión y la radio.
En un dictamen anterior, la empresa telefónica Telcel, del magnate Carlos Slim, fue declarada dominante en el mercado de la telefonía celular y obligada a compartir sus redes privadas de telefonía.