La medida, impulsada por el oficialismo, fue sancionada el 16 de febrero por 88 votos a favor, 22 en contra y 44 abstenciones en la Cámara de Diputados, tras su paso por el Senado donde la norma fue objeto de modificaciones relevantes por iniciativa de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Entre esos cambios, se pautó un plazo para avanzar en una ley preventiva de riesgos laborales, y se determinó que los honorarios de los abogados sean pagados por las ART y no por el empleado.
La ley "generará una lesión de imposible reparación posterior, tanto sobre el derecho de propiedad y trabajo de los abogados, limitando su derecho a laborar, restringiendo sus honorarios y la facultad de pactarlo libremente", argumentó el letrado.
El Gobierno intentó en enero imponer por su cuenta la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri, pero la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe revisar los decretos amenazaba con tumbar el proyecto.
Pese a que la ley fue sancionada finalmente por la Cámara de Diputados, un juez del fuero laboral declaró el jueves la inconstitucional del DNU de Macri al considerar que viola el principio de igualdad entre trabajadores formales y los no registrados.
El Ejecutivo decidió promover esta ley tras detectar "un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo" sin que hubieran aumentado la cantidad de accidentes, según el ministro de Trabajo Jorge Triaca.
