Ese proyecto de ley, que agrava las penas por asesinato cuando se trata de un feminicidio y obliga al Estado a prestar servicios gratuitos de asistencia a las mujeres, se encuentra desde hace varios meses en el Parlamento.
Además, añadió, no solo se debe dar prioridad a la implementación de esta ley, sino que es preciso tener un presupuesto que permita combatir la violencia de género "de forma comprometida y efectiva".
En lo que va del año siete mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y la policía está investigando un octavo caso, al hallarse el cuerpo sin vida de una mujer en Montevideo.
El año pasado se registraron 24 feminicidios en este país de apenas 3,2 millones de habitantes.
Aborto
Amnistía Internacional también recordó que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales de la salud constituye un "gran obstáculo para el acceso a las mujeres a un aborto seguro y legal".
Uruguay es uno de los pocos países de América Latina que autoriza la interrupción voluntaria de la gestación hasta la semana 12.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo, adoptada en 2012, habilita la objeción de conciencia de los profesionales ginecólogos que no quieran participar en la práctica de abortos, pero su aplicación ha complicado el acceso rápido y oportuno al aborto cuando una mujer lo requiere.
Refugiados
Por último, Amnistía también instó al Gobierno uruguayo a que colabore en la acogida de refugiados, dada "la situación atroz que está viviendo este colectivo", señaló Invernizzi.
"Uruguay no puede quedarse de brazos cruzados en este sentido, la comunidad internacional tiene un rol clave, millones de personas están sufriendo y sus vidas están en peligro, por eso hacemos un llamamiento en todo el mundo para que se implementen medidas y haya un mayor compromiso", concluyó.
El Informe Anual de Amnistía Internacional 2016-2017, presentado en París y otras capitales, describe las violaciones y avances más destacados en materia de derechos humanos en todo el mundo.
