"Hemos presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción de amparo constitucional… por cuanto fue intervenida la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional y se ha obstaculizado la toma de posesión de la auditora e interventora", señaló a la prensa el contralor general, Manuel Galindo.
Galindo explicó durante una rueda de prensa, a las puertas del Tribunal Supremo, que la intervención de la Asamblea Nacional es una potestad de la Contraloría y por eso tiene derecho "exclusivo y excluyente" de realizarla sin procedimiento previo alguno.
En al menos ocho oportunidades los representantes del Parlamento han impedido el acceso de los auditores a esa institución, denunció Galindo.
"No conforme con este atropello de obstaculizar la instalación de nuestro auditores y violando la Constitución, el presidente actual de plazo vencido, diputado Henry Ramos Allup, ha puesto obstáculos para que se impida la entrada de la Contraloría General a los predios de la sede administrativa", indicó.
Además, advirtió que las posibles sanciones por desacato, pueden ir desde una multa, hasta una inhabilitación.
El "desacato" de la Asamblea Nacional a la decisión de la Contraloría, se suma al desconocimiento de las decisiones del TSJ.
Esto, luego que la junta directiva del Parlamento decidió incorporar a tres diputados de la región sur de Venezuela, que se encontraban suspendidos por el Tribunal Supremo por presunto fraude electoral, lo que generó una sentencia que convierte en nulas e írritas todas decisiones del poder legislativo.