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Fiscal General de Venezuela y Procurador de Brasil evalúan el caso Odebrecht

© REUTERS / Janine CostaSede de Odebrecht
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CARACAS (Sputnik) — La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, viajó a Brasil para reunirse con el Procurador General de ese país, Rodrigo Janot, y conversar acerca del caso de corrupción que envuelve a la empresa estatal Odebrecht.

"En unas horas me reuniré en Brasil con el Procurador General de esa nación, Rodrigo Janot, para abordar el caso de corrupción de Odebrecht", escribió la fiscal en su cuenta Twitter.

​La fiscalía venezolana realiza el seguimiento de este caso, tras conocerse que presuntamente funcionarios venezolanos recibieron sobornos a cambio de asignar proyectos a la compañía brasileña.

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Caso Odebrecht: la punta del iceberg de las empresas corruptas
El ministerio público solicitó una orden de aprehensión con código rojo de Interpol, contra una persona por estar presuntamente vinculada con las irregularidades, sin detallar su identidad.

Además, el martes 14 fueron allanadas las instalaciones de dicha compañía en Caracas, y un día después se congelaron sus cuentas en ese país y se levantó una orden que impide la venta, transferencia o compra de bienes e inmuebles por parte de Odebrecht.

Entre 2013 y 2014, la Operación 'Lava Jato' reveló una red de corrupción en torno a la empresa energética estatal Petrobras, dejando en evidencia el pago de sobornos a altos funcionarios y políticos para adjudicarse contratos de obras públicas.

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Ministerio Público de Venezuela congela cuentas bancarias de Odebrecht
Odebrecht fue una de las mayores implicadas en la trama de Lava Jato.

En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció los sobornos ante el Departamento de Justicia (DJ) de Estados Unidos y accedió a pagar al menos 3.500 millones de dólares en multas.

El DJ intervino, entre otros motivos, porque los implicados usaron el sistema bancario del país norteamericano para efectuar el blanqueo del dinero.

Según la Justicia estadounidense, la empresa brasileña "usó una unidad de negocios oculta pero totalmente operativa" que calificó como "un Departamento de Sobornos" para pagar unos 788 millones de dólares a "oficiales corruptos" en al menos 12 países de América Latina y África, donde participó en importantes obras de infraestructura.

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