Según las investigaciones entre 2013 y 2016 se repartieron hasta 7,3 millones de reales (2,3 millones de dólares) a personas que no tenían ningún tipo de vínculo con la universidad a través de becas fraudulentas.
El juez Marcos Josegrei da Silva ordenó su detención y su suspensión del cargo porque, entre otros motivos, "los procesos de concesión de las becas no se encontraron y por lo que parece ni siquiera existían".
La operación policial, bautizada como "Reserach" en alusión a las supuestas investigaciones que realizaban los beneficiados por las falsas becas, se desarrolla en diversas ciudades de los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y Río de Janeiro.
Al tomar conocimiento de la operación policial la UFPR emitió un comunicado en el que resalta que las supuestas irregularidades son objeto de investigaciones internas desde diciembre de 2016 y que fue la propia universidad la que llevó el caso a la policía para que lo investigara.
