Las autoridades argentinas "garantizan que este decreto no cambia para nada la esencia de la Ley de Migraciones de Argentina", anunció Gonzales durante una rueda de prensa este miércoles en la embajada de Bolivia en Buenos Aires.
El presidente del Senado de Bolivia encabezó una delegación integrada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarems Endara, que arribaron el lunes a Buenos Aires para conocer el alcance del decreto migratorio del Gobierno de Argentina, que entró en vigencia el pasado 31 de enero.
Durante sus tres días de visita oficial, los funcionarios del Gobierno boliviano, acompañados por el embajador de ese país en Argentina, Santos Tito, y el cónsul Ramiro Tapia, se reunieron con el vicecanciller argentino Pedro Villa Delgado, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el director de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Horacio García.
"Todos ellos nos han manifestado lo mismo con relación a los derechos adquiridos por los ciudadanos en lo que se refiere a salud, educación, ciudadanía y los otros derechos que están garantizados en la Constitución Política de Argentina", señaló Gonzales.
El decreto "no tiene de ninguna manera el objeto de restringir los derechos de los migrantes y perseguirlos, sino de luchar contra la delincuencia", según remarcaron las autoridades argentinas.
El director de Migraciones también confirmó a la comisión boliviana que un procesamiento judicial "no equivale a expulsión, ni salida del país, ni cancelación de residencia" de un inmigrante.
"No existe esa posibilidad, no existe que (ante) la sola denuncia o procesamiento judicial automáticamente corra la expulsión, nos ha dicho taxativamente la autoridad de migraciones", enfatizó Gonzales.
Otra cuestión fueron las afirmaciones de la ministra Bullrich, que vinculó el narcotráfico con la migración proveniente de Paraguay, Perú y Bolivia, y que "denigrantes y han lastimado el sentimiento nacional" de Bolivia, reconoció el presidente del Senado de ese país.
Bullrich les aseguró, no obstante, "que en ningún momento dijo lo que ha salido publicado en los medios de prensa, que en todo caso no es esa su posición respecto a Bolivia, ni a los bolivianos", comentó el legislador.
Los Gobiernos de Argentina y Bolivia se han comprometido verbalmente a constituir una mesa de trabajo para analizar las inquietudes que puedan surgir de la reforma migratoria.
Dos organizaciones de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han denunciado esta semana al Gobierno de Mauricio Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el decreto migratorio.
Según estas entidades, el decreto vulnera un Acuerdo de Solución Amistosa suscrito por el Estado argentino en 2003 y que dio origen a la Ley de Migraciones sancionada ese año y promulgada en 2011.
