"En este momento los bolivianos en Argentina están con miedo, hay preocupación porque muchos trabajan en talleres de manufactura que en algunos casos no están habilitados", señaló.
De visita en La Paz, cuenta que en el último año la situación en Argentina de los emigrantes bolivianos y de otras nacionalidades ha empeorado debido el encarecimiento del costo de vida y a la eliminación de algunos subsidios que implantaron gobiernos anteriores.
"Hasta antes del actual Gobierno, cualquier persona emigrante podría acudir a un centro médico y ser atendida mostrando únicamente su cédula de identidad, eso ya no existe; hay un retroceso", denunció.
También reconoció que miles de bolivianos no cuentan con sus papeles migratorios al día porque muchos tienen trámites pendientes incluso para legalizar sus cédulas de identidad en el consulado boliviano.
Si bien en el padrón electoral en 2014 se inscribieron 71.000 bolivianos para ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales, se estima que en Argentina vive más de un millón de emigrantes bolivianos repartidos en distintas provincias de ese país.
Mamani destacó la decisión del Gobierno boliviano de enviar una comisión a Buenos Aires para verificar la situación de los residentes bolivianos.
"El boliviano pone la fruta en la mesa del argentino", indicó.
El miércoles el presidente del Senado de Bolivia, José Alberto Gonzáles, declaró que la mayoría de los bolivianos en Argentina vende su mano de obra en el rubro de la albañilería, en la confección de ropa y la producción agrícola.
"Los bolivianos ayudaron a levantar Argentina", dijo el senador oficialista.
En esa línea Mamani afirmó que el trabajo de los bolivianos "no es reconocido".
Lamentó que las últimas medidas dictadas por el Gobierno argentino hayan recrudecido la discriminación y el racismo contra los emigrantes en el vecino país.
Este fin de semana el presidente del Senado dirigirá una comitiva oficial integrada legisladores y ministros para reunirse con colectividad bolivianas y conocer sus necesidades.
El lunes el presidente de Argentina, Mauricio Macri, modificó a través de un decreto la Ley de Migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas privativas de libertad o con antecedentes penales.