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    Decreto de Gobierno argentino permite expulsar a extranjeros por cualquier delito

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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Con el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, todos los extranjeros vinculados a una investigación criminal pueden ser expulsados del país aunque el delito sea menor, confirmaron a Sputnik un experto y un funcionario del Gobierno.

    "La cantidad de personas que pueden estar sometidas a una expulsión se amplía enormemente", señaló Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

    El decreto de necesidad y urgencia señala que "serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional (…) haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o condena no firme en la República Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad".

    Por "leyes argentinas", el Gobierno abre el abanico no sólo para incluir los delitos contemplados en el Código Penal, sino también de los códigos contravencionales que establece cada jurisdicción.

    Es decir, que "delitos vinculados a la vida cotidiana, como la venta en la vía pública o la resistencia a la autoridad, pueden dar lugar al comienzo de un juicio para averiguar si hubo delitos o no", añadió Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS.

    La Ley de Migraciones sancionada por el Congreso en 2003, y que ahora ha modificado el presidente Macri, consignaba el retiro de la residencia y la expulsión de los extranjeros que cometieran delitos penados con más de cinco años de cárcel, o que bien hubieran incurrido en el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas o el lavado de dinero.

    Por otro lado, prohibía el ingreso al país de los extranjeros que hubieran sido condenados a más de tres años de cárcel.

    La anterior normativa "también habilitaba a que se pudiera expulsar a alguien sin una condena, con un autoprocesamiento", observó Morales.

    Más modificaciones

    Otro de los cambios sustanciales en la política migratoria de Argentina es el que agiliza los trámites para las órdenes de expulsión se prolonguen hasta un máximo de dos meses, señaló a Sputnik el subdirector de Migraciones, Julián Curi.

    "El mecanismo administrativo y judicial para expulsar a una persona condenada duraba 400 días hábiles, y ese plazo se puede extender hasta casi cinco, ocho años", indicó el funcionario.

    De este modo, se hacía "inmaterial practicar la expulsión de estas personas", agregó Curi, como demuestra el hecho de que sólo 100 extranjeros fueron expulsados en la última década.

    Por otro lado, la legislación anterior concedía al Poder Judicial la potestad para expulsar o no a un extranjero de acuerdo a las directrices que aportaba la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.

    Migraciones sí tenía la autoridad de retirar la residencia y expulsar a los inmigrantes con penas privativas de libertad de cinco años o más.

    Ahora es el Poder Ejecutivo, en términos generales, el que tiene la última palabra a través de las autoridades migratorias; por eso el Gobierno ha podido acortar los plazos recursivos para expulsar a una persona.

    "El problema es que los plazos establecidos por ley eran kafkianos, no logran el objetivo de la ley que es expulsar a las personas", indicó el subdirector de Migraciones.

    Distorsión de datos

    Para justificar su decreto, el Gobierno señalaba que los extranjeros representaban el 21,35% de la población alojada en las prisiones federales, que alberga a 10. 521 personas, mientras que los inmigrantes residiendo en el país constituyen en total el 4,5% de los habitantes.

    El decreto de necesidad y urgencia omite que el porcentaje de personas extranjeras en todas las unidades penitenciarias del país, que alberga a 71.464 presos, es del seis por ciento, según datos del Ministerio de Justicia.

    Por otro lado, sólo el 11,2% de la población carcelaria está vinculada con la infracción a la Ley de Estupefaciente, de los cuales, un 18% son extranjeros, frente a un 82% de argentinos.

    "No hay un problema grave de narcotráfico vinculado a los extranjeros, de hecho los números son similares a los de otros países", afirmó el director de Litigio del CELS.

    A modo de ejemplo, "de la cantidad de argentinos presos en el extranjero, más del 50% lo están por el delito de tráfico de estupefacientes", señaló.

    "¿Alguien va a decir que los argentinos en general cometen delitos de narcotráfico?", añadió Morales.

    Los delitos vinculados al narcotráfico, por último, suelen incidir en el eslabón más débil, "como las denominadas mulas, o en el tráfico transfronterizo donde intervienen personas de paso", y no necesariamente migrantes, concluyó el investigador.

    La anterior Ley de Migraciones ya contemplaba la expulsión de los extranjeros asociados a este tipo de delitos.

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