La homologación de estas confesiones por parte del Supremo era la última parte para validarlas jurídicamente y que las informaciones que contienen puedan ser utilizadas por jueces y fiscales del caso.
Finalmente, fue la propia Lúcia quien se encargó de hacerlo, y en su decisión optó por mantener el secreto de sumario de las declaraciones de los ejecutivos de la constructora.
El próximo relator de la Operación Lava Jato, que debe ser nombrado en las próximas semanas, será quien decida si mantiene ese veto o si las hace públicas.
A partir de ahora toda la documentación pasa a la Procuradoría General de la República, que puede utilizarla en nuevos procesos y en los ya existentes.
Entre ellos están el presidente Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático de Brasil) y los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores), además de varios ministros, senadores, diputados y gobernadores.
