En un comunicado, la empresa resaltó que en el régimen de co-gestión el Estado se encarga de controlar la capacidad de las cárceles, incluyendo la cantidad de plazas y presos por cada unidad, la disciplina, el uso de la fuerza, la seguridad y la vigilancia armada de los detenidos.
"Todo el comando de la unidad pertenece al estado, siendo su dirección ejecutada por un funcionario público nombrado por la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria", resaltó la empresa en la nota.
El motín que el domingo se saldó con 56 presos muertos generó un cruce de acusaciones entre los distintos niveles de la administración brasileña y la empresa encargada de gestionar la prisión.
En un primer momento el ministro de Justicia del gobierno brasileño, Alexandre de Moraes, insinuó que el gobierno del estado de Amazonas fue omiso porque sabía de los planes de fuga de algunos presos y no actuó de forma pertinente.
"¿Quién tenía la responsabilidad inmediata de verificar la entrada de armas? La empresa que se encarga de la seguridad (…) Hubo un fallo de la empresa, no es posible que entren armas blancas y armas de fuego en la cárcel", criticó.
Tras la matanza salieron a la luz diversas fotografías de los presos portando cuchillos de gran tamaño e incluso fusiles dentro de la cárcel.
A pesar de las críticas a la empresa el ministro subrayó que no está en cuestión el sistema de subcontratación de empresas privadas para gestionar las cárceles públicas en Brasil.
