"Hay una sola ley que el Gobierno boliviano no puede cambiar, que es la ley de gravedad, porque la propia inclinación del terreno permite que las aguas (del Silala) fluyan naturalmente hacia Chile y eso ha pasado durante muchos años", indicó el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa.
La Paz asegura que es un manantial ubicado en suelo boliviano y que ha sido canalizado artificialmente por Chile para su usufructo, mientras que Santiago sostiene que el curso fluye naturalmente a su territorio y por tanto debe ser considerado un río internacional.
En ese sentido, Muñoz se mostró confiado "en la fuerza de los argumentos" de Chile.
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Asimismo, destacó el trabajo de hidrólogos, geólogos y expertos internacionales en la materia, que realizan investigaciones en el Silala, en la zona del altiplano andino, para respaldar los argumentos que se presentarán ante la Corte y validar este caso "que se estudia hace 20 años".
"Chile y Bolivia tienen derecho a un uso razonable y equitativo a esas aguas de uso internacional", indicó Muñoz, quien también señaló que han pedido "que exista por parte de Bolivia la obligación de cooperar ante cualquier eventualidad que pueda afectar el flujo de esas aguas".
El canciller, junto a la agente Ximena Fuentes y a los coagentes María Teresa Infante y Juan Ignacio Piña, se reunirán en Londres este viernes y sábado con los abogados y los expertos del caso, con el objetivo de afinar los argumentos para la presentación de la memoria ante La Haya, que se realizará antes del próximo 3 de julio.
"Estamos haciendo un trabajo para defender los intereses soberanos de Chile", añadió el diplomático.
Las relaciones de Chile y Bolivia también se deterioraron por otro contencioso que mantienen en la CIJ y es que la La Paz exige una salida soberana al Pacífico y busca obligar a su vecino a negociar "de buena fe".
Para este caso, la CIJ puso como fecha límite el 21 de marzo de 2017 para la presentación de una segunda ronda de alegatos.