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Debate en República Dominicana por veto presidencial a penalización del aborto

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El veto interpuesto por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al nuevo Código Penal que prevé la prohibición total del aborto abrió una contienda entre sectores conservadores como la Iglesia Católica y grupos de mujeres que apoyan la medida del mandatario.

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"Para el movimiento feminista es un gran logro que el presidente observe el Código Penal en cuanto a la despenalización del aborto por segunda vez (la primera fue en 2014)",  dijo a Sputnik la activista Laura Bretón, coordinadora del Centro de Investigación para la Acción Femenina.

Medina expresó el lunes su "desacuerdo con la penalización absoluta y sin excepción alguna a la interrupción voluntaria del embarazo" en una carta que envió al presidente del Senado, Reinaldo Pared, según publica el diario El Nacional.

"Como Presidente de la República no puedo dejar de plantearme qué hacer ante situaciones extremas que afectan la dignidad, la integridad y la propia vida de la mujer, cuando se trata de ciertas circunstancias excepcionales que requieran un tratamiento diferente", añadió Medina en su carta.

El mandatario reclamó la modificación de varios artículos del Código Penal para que la interrupción del embarazo no sea castigada cuando existe riesgo de muerte de la madre, malformación fetal incompatible con la vida y en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, rapto o estupro.

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La Conferencia del Episcopado Dominicano lamentó el martes el veto de Medina y lanzó varias preguntas cuestionando la despenalización parcial del aborto.

"¿Es que estas criaturas deben pagar el crimen de otras personas? ¿Es que estamos propiciando una sociedad del descarte de las personas que vienen con malformación congénita?", señalaron los obispos, que dispusieron que este comunicado cuestionando el veto de Medina se lea en todas las instituciones eclesiales en los días de la celebración de Navidad, el sábado y el domingo.

Los obispos también invitaron al pueblo dominicano a “defender su Constitución” en referencia al artículo 37 que afirma que "el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte".

En opinión de Bretón, esta "no es una cuestión religiosa, ni de fe", sino “una cuestión de salud pública, de derechos y de dignidad de las mujeres".

"La iglesia está en su derecho de decir que (el aborto) es pecado, pero no tiene derecho a imponerse sobre las leyes, porque las leyes tienen que ser para todos y la Constitución dominicana consagra la libertad religiosa", añadió la activista, quien recordó que el Código Penal de su país data de 1884.

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También Medina hizo referencia a la Carta Magna y recordó que el artículo 42 establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia" y que “tendrá protección del Estado en casos de amenazas, riesgos y violación de las mismas".

El 14 de este mes el Senado aprobó de urgencia el proyecto de nuevo Código Penal, manteniendo la penalización total de la interrupción del embarazo, y lo envió al presidente, quien lo vetó el lunes.

Se trata de la segunda vez que Medina rechaza por esos motivos el Código Penal, ya que en noviembre de 2014 sugirió despenalizar el aborto terapéutico, una observación que fue aprobada por el Congreso, pero declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional a finales de 2015.

En 2014 las iglesias católicas y evangélicas pidieron que no se aprobaran las observaciones realizadas por el Ejecutivo sobre artículos que hacían referencia a la interrupción voluntaria del embarazo al considerar que violaban el derecho a la vida, al igual que en esta ocasión.

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Tras el veto, el Senado tiene ahora dos sesiones para conocer la lectura del Código Penal, la primera hasta el próximo 12 de enero y otra que termina en junio.

"Si el Senado no lo conoce en ese tiempo, las observaciones presidenciales pasan, se asume que fueron aceptadas", explicó Breton.

Pese a que resulta complicado tener cifras respecto al aborto, Bretón indicó que unas 100.000 mujeres  se someten cada año a este procedimiento en el país caribeño.

República Dominicana es uno de los siete países del mundo que prohíben totalmente la interrupción voluntaria del embarazo.

En América Latina solo Cuba, Uruguay y la capital de México despenalizaron el aborto, pero incluso en esos lugares el acceso a los servicios es difícil.

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