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    Activistas: justicia avanza en Guatemala pero crímenes contra LGBTI siguen impunes

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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Los crímenes de odio en Guatemala motivados por la orientación sexual e identidad de género permanecen en su mayoría impunes, aun cuando han aumentado las posibilidades de esclarecer los hechos, dijeron a Sputnik dos defensores de derechos humanos de ese país.

    "La violencia contra las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) es muy fuerte y los crímenes de odio están en situación de impunidad; el Estado no ha hecho nada por brindar la protección debida" a estas personas, señaló López, director de la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (Oasis) en Guatemala.

    También asegura que la situación es "sumamente grave a pesar de las recomendaciones que han llegado a Guatemala desde diversos mecanismos internacionales".

    Uno de los últimos asesinatos de una persona trans ocurrió el 18 de noviembre cuando la activista Evelyn Zulma Alegría fue hallada muerta en su casa.

    La víctima contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2006.

    La CIDH repudió este crimen y urgió al Estado guatemalteco a investigar los hechos.

    Además expresó su consternación ante el "aumento exponencial de los recientes asesinatos de mujeres trans" en ese país centroamericano.

    López aclaró a esta agencia que "no es habitual que las mujeres trans en Guatemala tengan medidas cautelares", un mecanismo de protección que se aplica a personas amenazadas, y explicó que se le otorgaron porque en 2005 Evelyn Zulma fue testigo del asesinato de otra mujer transexual.

    En ese sentido aseguró que no se realizan investigaciones al respecto y que los casos no avanzan.

    "Cuando hablas con funcionarios públicos muestran su disposición a investigar estos crímenes, pero en la práctica no sucede eso; el Estado no está asumiendo su responsabilidad", denunció López.

    Pequeños avances

    Por su parte, la procuraduría de derechos humanos de Guatemala señala que el país está realizando esfuerzos para que estos asesinatos no queden en la impunidad aunque la institución reconoce que es necesario reforzar el sistema de justicia.

    "Ha habido esfuerzos de fortalecimiento en el Ministerio Público, en la policía, en el Ministerio de Trabajo… sin embargo, aún hace falta fortalecer los mecanismos de investigación para dar con los responsables y tener sentencias donde paguen por lo que han cometido", señaló a esta agencia Gabriela Tuch, defensora de la diversidad sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala.

    El sistema de justicia debe fortalecerse "no solo para documentar los casos, sino también para la investigación de los mismos" y así reducir la impunidad, pues existe "poca información oficial respecto a qué violencias hacen frente las personas LGBTI", explicó Tuch.

    Actualmente muchas denuncias "se pierden", continuó la especialista, y no se identifican cuándo son interpuestas por una persona LGBTI o si el hecho fue cometido por su orientación sexual o identidad de género.

    Sociedad que discrimina

    Desde la ONG Oasis estiman que la comunidad LGBTI en Guatemala asciende a unas 600.000 personas y aseguran que la discriminación contra esta población comienza dentro de las propias familias, cuando "los niños o niñas son descubiertos como homosexuales".

    Además, continuó López, "existe una homofobia fuerte" en la iglesia y en los colegios.

    "Allí son víctimas de segregación y de exclusión social y muchas veces a los 10 años se quedan sin familia, sin acceso a estudios, y lo que les queda, sobre todo en el caso de las mujeres trans, es dedicarse al trabajo sexual", añadió López.

    Como trabajadoras sexuales son captadas por redes de distribución de drogas y de crimen organizado.

    "Terminan en una situación donde son atacadas por la sociedad, por las iglesias y repudiadas por sus familias, por eso es importante que las instituciones del Estado les protejan", afirmó.

    La CIDH asegura que ha recibido información sobre unos 238 asesinatos de personas trans y no conformes con el género en toda América en los últimos 12 meses.

    La mayoría de estos crímenes ocurrieron en Brasil (123), México (52), Estados Unidos (23), Colombia (14), Venezuela (14) y Argentina (10).

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