El mandatario exigió "que recaiga sobre el responsable la más pronta y la más severa justicia" por el "brutal asesinato de Yuliana Samboní", en una alocución transmitida por la Presidencia de Colombia.
La pena máxima en Colombia es de 60 años de prisión.
La niña era integrante de la comunidad indígena Yanacona, del departamento del Cauca (suroeste).
La desaparición de Yuliana fue reportada por sus padres a la Policía, que siete horas después estableció que la menor se encontraba en el apartamento del arquitecto, en un exclusivo sector de Bogotá cercano al barrio del cual había sido raptada.
Sin embargo, al llegar al lugar las autoridades sólo hallaron el cuerpo de la niña pero no al sujeto, quien fue trasladado por un familiar a una clínica debido a que presentaba una sobredosis de cocaína, de acuerdo con reportes oficiales sobre el caso.
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Este 6 de diciembre, en el centro médico donde permanece internado y bajo custodia de las autoridades para evitar su fuga, el supuesto autor del crimen fue notificado por oficiales de la Policía y un asesor del Ministerio de Justicia de la orden de captura que pesa en su contra, según se observa en un video difundido por las propias autoridades policiales.
De acuerdo con el reporte forense entregado en la noche del lunes por el estatal Departamento de Medicina Legal, la niña fue "objeto de abuso sexual" y la causa de muerte fue "asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento".
Asimismo, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, señaló que la escena del crimen fue alterada.
"La escena del crimen fue manipulada y he instruido a los fiscales para que judicialicen (abran cargos) a los terceros que están intentando obstruir la acción de la Fiscalía General de la Nación", aseguró Martínez, según informó su despacho.
Organismos defensores de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, han pedido que en el caso se aplique con rigurosidad lo que se establece en la Constitución y en la Ley de Infancia y Adolescencia, lo que significa que de ser hallado culpable el arquitecto —miembro de una reputada familia de Bogotá— no tendría ningún tipo de beneficio y se enfrentaría a una pena de 60 años en prisión.
Por su parte, la distrital Secretaría de la Mujer de Bogotá ha señalado que el caso será tipificado como feminicidio agravado, para evitar que quede impune.
