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Contra el reloj en Argentina para aprobar ley de libre acceso a las costas

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BUENOS AIRES (Sputnik) — Un proyecto de ley de acceso público a las costas y márgenes de ríos, mares y lagos podría perder estado parlamentario si no se trata en la Cámara de Diputados antes de que finalice el período ordinario de sesiones el 30 de noviembre, explicaron a Sputnik dos especialistas en el tema.

"Si no se trata antes de noviembre, por más que tenga la aprobación de las comisiones, el proyecto perdería estado parlamentario, lo que sería una verdadera estafa a la ciudadanía", advirtió la senadora María Magdalena Odarda, autora de la iniciativa.

​La propuesta declara de interés público el derecho de libre acceso a las costas de cualquier curso de agua, también denominado "camino de sirga", y restituye a 35 metros la franja de camino que deben respetar los dueños de cualquier propiedad colindante con curso acuático.

"Es una ley fundamental para la defensa del agua y para la defensa del patrimonio público y de la soberanía", sostuvo la legisladora por la sureña provincia de Río Negro.

Una reforma del Código Civil y Comercial aprobada en 2014 redujo de 35 a 15 metros el espacio que los propietarios debían dejar de acceso a las riberas u orillas de los cursos de agua.

Es evidente "la intención de que este proyecto no se convierta en ley, porque han sido privatizadas más de 400.00 hectáreas de todo el país con la modificación del Código Civil, y hay intereses inmobiliarios muy fuertes", señaló Odarda, de la Coalición Cívica ARI, aliada del Gobierno de Mauricio Macri.

Laberinto parlamentario

Aprobado en el Senado por unanimidad en noviembre de 2015, el proyecto para recuperar los 35 metros de camino fue girado a Diputados, donde dos comisiones debían emitir un dictamen favorable para que la iniciativa fuera tratada por todo el recinto: primero la de Legislación General, presidida por el diputado oficialista Daniel Lipovetzky, y después la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.

"La comisión de Legislación General tuvo detenido el proyecto un año, a sabiendas de que vencía a final de 2016, y a pesar de la cantidad de notas y pedidos de aplicación de reglamentos internos", contó Odarda.

La medida fue destrabada finalmente por esta comisión el pasado 9 de noviembre ante la presión de la senadora y de distintas organizaciones sociales, sindicales y ambientales.

El dictamen favorable de Intereses Marítimos llegó seis días después.

"Lo único que queda ahora es pasar al recinto, pero si no lo incluyen en el orden del día, lo van a dejar morir", advirtió la legisladora.

​La decisión está ahora en manos de los presidentes de cada bloque legislativo, que se reúnen este martes para establecer el temario de la sesión ordinaria prevista para el día siguiente.

Los impulsores de la iniciativa están recolectando firmas para garantizar que el proyecto sea incluido.

El socialismo, Libres del Sur, Proyecto Sur y el partido GEN, de la diputada Margarita Stolbizer, han respaldado la medida.

"Además se han comprometido Héctor Recalde (presidente de la coalición opositora Frente para la Victoria, segunda fuerza de Diputados detrás del oficialismo) y el diputado Sergio Massa (líder del Frente Renovador, tercera minoría del Congreso)", apuntó Odarda.

​Desde el interbloque oficialista Cambiemos, que responde al Gobierno, "no hay voluntad de sacar el proyecto", constató la senadora, "pero por más que tengan su opinión, vale también la del resto del arco político en Argentina".

Si la medida no es incorporada en la sesión del miércoles, sus defensores solicitarán una sesión especial de Diputados para este jueves.

35 metros, 35 casos

Para que el proyecto se apruebe en Diputados se necesitan los votos de parte del oficialismo, aunque algunos legisladores han adelantado su voto negativo al no firmar el dictamen en las comisiones, contó la abogada Andrea Burucua, integrante de la Fundación ambientalista Ecosur.

"Cuando la ley estaba vigente y existían legalmente los 35 metros de camino público, había que pelearlos constantemente porque los grandes terratenientes suelen construir casi sobre el agua y alambrar para apropiarse de la costa, evitando el paso, e incluso el acceso directamente", aseguró Burucua, especialista en derecho ambiental.

Uno de los casos más conocidos es el del magnate británico Joe Lewis.

Lewis incumple una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro del año 2009 por la cual ratificó el libre acceso al Lago Escondido, ubicado en un estancia de 12.000 hectáreas propiedad del multimillonario, en donde el presidente Macri se hospedó hace unos meses.

"Esto pasa por las inmobiliarias, que asocian la venta de terreno con el acceso privado al agua", afirmó la abogada.

Desde el terreno político, "los que en el Congreso apoyan esa mirada son del oficialismo, el partido del presidente que tiene una posición claramente privatista", denunció.

​El diario Tiempo Argentino reveló en 2015 la existencia de al menos 35 casos, en ocho provincias, de lagunas, ríos y arroyos usurpados por terratenientes que no permiten el libre acceso, en violación al Código Civil y Comercial que reconoce el dominio público de todo cauce de agua natural.

El Gobierno publicó en junio un decreto por el que flexibilizó la Ley de Tierras vigente desde 2011, que restringía la compra de tierras rurales por parte de los extranjeros.

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