La ley establece una pena de 10 años de prisión a los tormentos cometidos por un empleado público, o por particulares en funciones públicas e incluye las tres dimensiones de este crimen: la tortura física, la psicológica y la agresión sexual.
La pena para los tratos crueles, inhumanos y degradantes es de cinco años.
En el caso de que la tortura esté asociada a homicidios y violaciones, el castigo puede llegar a cadena perpetua.
"Desgraciadamente, sabemos que la tortura y los tratos crueles suelen cometerse junto a otros delitos; y por eso, si en conexión con la tortura se producen otros delitos, como homicidio o violación, la ley entonces en esos casos establece penas más graves, las que pueden llegar hasta el presidio perpetuo calificado", explicó Bachelet.
En referencia a la agresión sexual, la presidenta observó que se trata de un tipo de violencia invisibilizada cuando las víctimas son mujeres.
