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Gobierno argentino avanza para limitar mandato de procuradora general

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BUENOS AIRES (Sputnik) — Representantes del oficialismo en Argentina aprobaron un dictamen en la Cámara de Diputados con el que el Gobierno busca limitar el mandato del procurador general, puesto que actualmente ocupa una funcionaria nombrada por el anterior Ejecutivo.

"Podemos tener una ley mejor", celebró en las redes sociales el diputado oficialista Diego Mestre, titular de la Comisión de Justicia.

El oficialismo, representado por el interbloque Cambiemos (derecha), consiguió aprobar la iniciativa para reformar la Ley del Ministerio Público con el apoyo de la tercera fuerza parlamentaria, el Frente Renovador, que lidera el diputado peronista Sergio Massa.

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Con varias modificaciones, el plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda avaló el proyecto que busca restringir el mandato del jefe de los fiscales a cinco años, con posibilidad de una reelección, cuando hasta ahora ese cargo es vitalicio.

El Poder Ejecutivo envió la iniciativa el pasado mes de abril a la Cámara Baja, pero la versión original fue modificada por los diputados.

El nuevo proyecto elimina las figuras de los cuatro subprocuradores, ideados en principio para descentralizar el poder del procurador general.

Además "se le dieron muchas funciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público", explicó el diputado Mestre, pues esa cámara debe aprobar el traslado de fiscales o la creación de procuradurías especializadas.

También se modifica el proceso de remoción del procurador, ya que la idea inicial era que el procedimiento pudiera ser impulsado a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el proyecto aprobado, para desplazar al jefe de los fiscales se necesita que la mayoría simple de los legisladores en Diputados formalice una acusación, que debe ser avalada por dos tercios del Senado.

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La reforma del Ministerio Público contempla, por otro lado, la creación de Procuraduría de Terrorismo, una medida rechazada por los partidos de izquierda por la posibilidad de que el Gobierno la utilice para criminalizar la protesta social.

En el dictamen no se especifica qué pasará con la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que asumió su cargo en agosto de 2012 durante el Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El proyecto de ley será votado por todo el plenario de Diputados el próximo miércoles 26 de octubre, mientras que comisiones del Senado tomarán el proyecto para su debate una semana después.

Se espera que la actual procuradora emita un documento en las próximas horas con críticas a la reforma de ley.

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