El juez de distrito en materia de amparo (apelaciones), Vicente Antonio Bermúdez, fue asesinado esta mañana en Metepec, Estado de México —que Peña Nieto gobernó de 2006 a 2012 antes de ganar la presidencia—, cuando regresaba a su residencia después de hacer ejercicio.
El mandatario instruyó a la fiscal federal general, Arely Gómez González, encargarse de la investigación del caso, al hablar durante la reunión anual de la Unión Internacional de Magistrados.
"Hoy he de lamentar la información que tuve hoy por la mañana del atentado sufrido para un juez, allá en el Estado de México, un juez federal", dijo Peña Nieto.
El fiscal estaba encargado de casos relacionados con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, la segunda mafia más peligrosa después del Cartel de Sinaloa, y de otro caso de Los Zetas, un organización criminal fundada por militares desertores.
Un juez antinarco
El presidente pidió a la fiscal general que "se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho", perpetrado por un pistolero que lo atacó por la espalda y le disparó en la cabeza.
Otro caso bajo la jurisdicción del tribunal que encabezaba el juez asesinado es el caso de Naim Libien, dueño del periódico Unomásuno, acusado de defraudación fiscal, a quien investigaciones estadounidenses también vinculan con los Cuinis.
En cuanto al Cartel de Los Zetas, el juez era el encargado del proceso de Ángel Treviño Morales, apodado el "Zeta-40”, líder de los Zetas, y de Gildardo López Astudillo, apodado El Gil, acusado participar en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, tras una masacre perpetrada por policías municipales en Iguala, Guerrero, confabulados con narcos, en septiembre de 2014.
Bermúdez Zacarías tenía tres años como Juez de Distrito, y comenzó su carrera en sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del central estado de Guanajuato, de donde era originario.
"Los jueces, los juzgadores federales, son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física, al servicio de impartición de justicia federal en nuestro país, y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad, que garanticen su independencia", dijo el mandatario.
Las cifras negras de delitos no denunciados fue de 93,7% a nivel nacional y delitos más frecuentes son el robo y asalto en vía pública, extorsión y fraude, recalca, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, gubernamental).
