Siete heridos tuvieron que ser hospitalizados en la ciudad de Monterrey, capital industrial del estado norteño de Nuevo León.
"Este hecho resulta completamente inaceptable ante el supuesto control asumido por las autoridades estatales", tras varios motines y riñas, dijo poco después del estallido de la violencia la organización independiente Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), organismo que encabeza la religiosa católica Consuelo Morales, Premio Nacional de DDHH 2016.
El organismo fundado hace más de dos décadas que defiende los derechos de la población carcelaria y sus familias denunció que "una y otra vez hemos urgido al gobierno de Nuevo León —que encabeza el político independiente Jaime Rodríguez- dar prioridad a la seguridad y a la integridad física de las personas en los centros penitenciarios, pero esta solicitud parece ser minimizada".
Los abogados humanitarios de las víctimas exigieron a las autoridades penitenciaras de Nuevo León y federales que "las condiciones de vida de las y los internos en los centros penitenciarios estatales deben ser prioridad para así proteger la integridad de las personas recluidas, cuya seguridad es únicamente responsabilidad del Estado".
La muerte violenta del reo Cristian Rubén Cantú es la número 56 de las sucedidas en 2016 en el penal de Top Chico, "lo que conlleva la responsabilidad de una investigación objetiva que concluya en la reparación a sus familiares", puntualiza CADHAC.
La organización ciudadana dijo que es "urgente que se ejecuten las medidas necesarias para contener este gravísima situación y esclarecer la realidad de lo sucedido, así como la sanción correspondiente de los responsables, para que no ocurra ni una muerte más en los penales".
