Fernández pidió "una readecuación del objeto procesal de esta causa para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares", señalaron las fuentes.
La exmandataria también solicitó a Ercolini la nulidad de su convocatoria a prestar declaración indagatoria, prevista para el próximo 20 de octubre.
"Todas las cuentas de inversión correspondientes al período 2003-2013 fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, con intervención de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas", recordó Fernández.
La expresidenta también negó las acusaciones sobre un trato diferencial durante su Gobierno y el de su marido a la provincia de Santa Cruz (sur), en donde Néstor Kirchner, oriundo de ese distrito, fue gobernador entre 1991 y 2003.
"No es cierto que se le hubiera brindado a la provincia de Santa Cruz recursos para obra pública vial de una manera desproporcionada", aseguró Fernández.
La citación de la exjefa de Estado se concretó el pasado 12 de septiembre a raíz de un pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que en total solicitaron la indagatoria de más de 30 personas por irregularidades en 49 obras viales que recibió el empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, durante los Gobiernos kirchneristas
Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, fue el principal adjudicatario de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz durante aquel período.
La expresidenta Fernández se encuentra imputada en otros dos procesos judiciales que investigan la empresa hotelera Hotesur y la sociedad inmobiliaria Los Sauces, ambas propiedad de la familia Kirchner.
También se halla procesada en otra causa que investiga las operaciones de venta de dólar a futuro del Banco Central durante su gestión.
